Estas obras consistían, entre otros, en la conversión de la piscina en habitaciones para destinarlas a uso residencial, tal y como detectaron los agentes de la Policía Local en una inspección realizada a raíz de la denuncia recibida a raíz de las obras a la edificio.
La junta de gobierno de Sant Josep ha ratificado la propuesta de resolución de los servicios jurídicos municipales, que entre otras cosas advierte al promotor que si incumple la orden de restauración de la legalidad urbanística infringida se arriesga a la imposición de hasta 12 sanciones coercitivas por importe del 10% del valor de las obras realizadas y de un mínimo de 600 euros cada una mientras persistan las irregularidades. Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se abrirá ahora otro de carácter sancionador contra el promotor de estas obras ilegales, consideradas una infracción grave.
La resolución acordada también mantiene la suspensión de los usos urbanísticos de la parcela y se advierte que, transcurrido el plazo para ejecutar las tareas necesarias para el restablecimiento de la realidad física alterada y el derribo de todo lo construido sin licencia, el Ayuntamiento podrá ejecutar de manera subsidiaria estos trabajos con coste a cargo del infractor. Contra esta decisión se puede presentar recurso de reposición ante la Junta de Gobierno o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Al promotor se le imputa la construcción sin licencia de «al menos» una piscina, cubierta por toldos para ocultar las obras a sus vecinos, varias cámaras por debajo de ésta (soterradas y semi-enterradas), una terraza y unas escaleras de acceso a la zona. Las estancias disponían de ventilación e iluminación a través de aberturas en los paramentos verticales, lo que hace suponer que se querían destinar a uso residencial.
El expediente de restablecimiento de la legalidad vulnerada se abrió raíz del informe de los servicios urbanísticos de septiembre del año pasado que confirmaban que las obras no sólo no disponían de licencia sino que también eran ilegalizables, dada la calificación urbanística de la parcela, suelo rústico común afectado parcialmente por el área de protección territorial y en área de protección de riesgos de vulnerabilidad de acuíferos y parcialmente de incendios.
La apertura del expediente se comunicó también al Registro de la Propiedad para que fuera anotado preventivamente, un procedimiento que se hace de manera rutinaria desde el Ayuntamiento en estos casos y que se mantiene hasta la resolución de la infracción.
Tras varias gestiones para informar a la persona identificada como responsable de las obras ilegales y sus representantes sin que se presentara proyecto de legalización por su parte, a pesar de concederle la ampliación de plazo que había requerido para hacerlo, el procedimiento de restablecimiento de la legalidad ha seguido su curso una vez agotados «con creces» los plazos para que formularan alegaciones hasta la resolución ratificada por la junta de gobierno.
Agentes de la Policía Local de Sant Josep ordenaron en febrero de 2020 la paralización de las obras sin licencia en un antiguo restaurante en el Camí de ses Roques Males, en las inmediaciones de Platges de Comte, donde se estaba transformando en habitaciones una piscina, entre otras irregularidades. Los funcionarios actuaron a instancias de una queja recibida a raíz de las obras en el edificio, donde se han detectado también algunos almacenes y una furgoneta donde se encontraron indicios de que había gente viviendo. La presencia policial provocó la desbandada de los trabajadores que en ese momento estaban en la obra.
A raíz de una queja por las obras en un edificio del Camino de ses Roques Males, una patrulla policial se desplazó al lugar para comprobar los hechos. Allí, el propietario del restaurante donde se estaban haciendo las obras, un ciudadano de origen francés, explicó que estaban haciendo una escala y autoriza la entrada a los agentes para confirmarlo. Una vez en el recinto, los policías pudieron comprobar que las obras tenían un mayor alcance.
En la inspección del recinto se detectaron varios habitáculos con indicios de estar habitados, entre ellos una furgoneta y dos almacenes. Además, se observa gran cantidad de materiales de construcción y pruebas evidentes que se estaba trabajando, con cemento fresco en varios puntos. Además de la escala en construcción, los agentes detectan que estaban alterando la dimensión de la piscina para hacer una construcción de tres habitaciones destinadas, posiblemente, a una vivienda. En todo el recinto se había extendido carpas para ocultar a los vecinos la realización de las obras. En un extremo del establecimiento se detectó una pequeña vivienda donde residían las dos personas identificadas, a las que se encontró también en posesión de una pequeña cantidad de marihuana.
Una persona identificada también en la entrada corrió en el interior del establecimiento para avisar a las que trabajaban en el interior, provocando una desbandada. Advertido de este hecho, el ciudadano francés explicó que probablemente habían huido por no tener su estancia regularizada en España.
3 comentarios
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Una pena que solo se actúe previa denuncia vecinal...los ayuntamientos tienen celadores de urbanismo, ¿por qué no denuncian de oficio? ¿a qué puñetas se dedican? si no trabajan pues que no se contraten...es de vergüenza
Esto no es ni el 1% de las obras ilegales en el municipio de San José Hay miles y además con expedientes,pero no pasa nada Estamos en Ibiza
Bien hecho, todo lo sea ilegal ( y no esté en el Puerto de Vila, sea de la APB y permitido por el Alcalde mirando hacia otro lado) y sea de unos pobres desgraciados hay que demolerlo. Muy bien hecho