Una furgoneta de servicio VTC en Ibiza. | Daniel Espinosa

La Conselleria balear de Movilidad del Govern balear asegura que está trabajando para minimizar el impacto de las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que dan la razón a las empresas del sector que solicitaron licencias en Baleares en general y en Ibiza en particular, antes de que se pusiera en marcha el reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres que establecía límites al número de licencias que se podían conceder.

El conseller insular de Transportes, Javier Torres, reclamó antes de ayer al Govern una mejor regulación del servicio de VTC y que establezca las condiciones de explotación, tal como habilita la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), ante la concesión a las islas de nuevas licencias. Torres indicó que el Consell ya había concedido las primeras 30 licencias a consecuencia de las sentencias del TS y que vendrían más (se solicitaron más de 400) que podrán operar también en Mallorca, Menorca y Formentera, por lo que pidió la convocatoria de una mesa de trabajo conjunta con los gobiernos insulares para regular el sector.

Desde la conselleria balear señalaron que ya se está tratando este tema con los consells y en cualquier caso pidieron al Consell d'Eivissa «que sea muy exigente y escrupuloso a la hora de conceder estas licencias, tal como se ha hecho desde el Govern y que también se implique con propuestas concretas para poder encontrar la mejor solución».

Críticas del PSOE
El Grupo Socialista del Consell d'Eivissa exigió ayer en una nota al conseller de Transportes, Javier Torres, que controle el funcionamiento de las nuevas VTC en Ibiza, asegurando que cumplen con la regulación del decreto balear aprobado en el 2019, algo que, por otra parte, el Consell no niega. «El anuncio de Torres de pedir en el Govern balear una nueva regulación del sector es una excusa para eludir la responsabilidad del Consell de controlar el funcionamiento de las VTC y que operen cumpliendo con la actual normativa», consideraron.

Además expresaron su sorpresa respecto a que «sea Javier Torres, de Ciudadanos, quien pida una nueva regulación de las VTC, cuando su partido fue el único que votó en contra del decreto aprobado en 2019 porque consideraba que afectaba «a la libre empresa».

Desde el PSOE en el Consell consideran que el decreto, aprobado por el gobierno progresista de Baleares a finales de la pasada legislatura, es suficiente para garantizar un funcionamiento del servicio de las VTC en equilibrio con el sector del taxi, aunque desde el propio Govern indiquen que se están planteando tomar más medidas.

Los socialistas recordaron que «los requerimientos más importantes que establece el decreto son que los servicios de VTC estén siempre condicionados en una contratación previa mínima de 30 minutos, que no podrán buscar clientes ni circulando ni aparcados, y que la comercialización de sus servicios solo se podrá hacer a través de empresas acreditadas como empresas de transporte».

Retirada de recursos por ser una batalla perdida
El departamento insular de Transportes informó de la retirada de los recursos presentados ante el TS frente a la concesión de licencias de VTC, al considerar que «no es necesario utilizar los tribunales para alargar plazos de unos recursos que sabemos de antemano que no van a prosperar», manifestó Javier Torres. Recordó que las autorizaciones VTC no se conceden automáticamente, «los interesados deben cumplir con los requisitos que exige la institución competente, que en este caso es el Consell d'Eivissa»