El procedimiento fiscal está en trámite a raíz de la denuncia de un particular, Javier Gea, contra las «personas con responsabilidades municipales» en el Ayuntamiento de Sant Josep por la comisión de presuntos delitos de prevaricación por inacción y omisión.
El convenio se encuentra actualmente en fase de resolución de alegaciones tras su exposición pública y no ha sido todavía aprobado de forma definitiva.
En su escrito, Gea apunta a dos hechos que desde su punto de vista pueden haber supuesto delito: la no tramitación del expediente de caducidad de la licencia 363/2005 y la posterior negociación con la mercantil Bastiodon S.L. de un convenio urbanístico para modificar el proyecto de la licencia urbanística mencionada.
Respecto a la caducidad de la licencia, Gea indica que el Ayuntamieto no tramitó la apertura de expediente sobre la declaración de caducidad de la licencia que fue solicitada por él mismo el 26 de noviembre de 2019. Según él, este hecho supone «un beneficio tan desmedido como injusto» al tratarse de una licencia del año 2005 que nunca se ha llegado a iniciar.
Cabe señalar respecto a este tema que el Consistorio inició la tramitación de la caducidad de la licencia que acabó archivando, debido a que los servicios técnicos municipales resolvieron que la licencia 363/2005 no se podía caducar por el Ayuntamiento de acuerdo con la jurisprudencia, tras la presentación de alegaciones por parte de la anterior propietaria de la licencia, la mercantil Zomote SA.
En cuanto a la firma del convenio, el denunciante considera que se llevó a cabo «una negociación impropia y directa» entre los responsables municipales del Ayuntamiento de Sant Josep y Bastiodon SL para la firma de un convenio «presuntamente preparado y redactado a la carta y a la medida de las necesidades de la mercantil» con «exclusivo beneficio» para ella.
Según él, esto ha supuesto «dar nueva validez y nueva prórroga a la licencia 363/2005» y además «modificar el objeto de la licencia», que pasa de autorizar la construcción de 61 viviendas en un suelo calificado como hotelero «a poder construir 12 villas de lujo».
Todo ello considera «legalmente no es posible» dado que «todos los plazos de vigencia estaban ya vencidos desde el año 2010 sin que ni tan siquiera se hubieran iniciado las obras».
La Fiscalía estudiará ahora los hechos para valorar si realmente observa la comisión de un delito de prevaricación para el posterior inicio de diligencias judiciales.
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