Infracciones
La Policía Local considera que se ha incurrido en un incumplimiento «muy grave» del artículo 3 del decreto de medidas sanitarias frente a la covid-19, al comercializar un evento con aglomeraciones que dificultan las medidas de protección sanitaria, sancionado con multas de 60 a 600.000 euros.
También señalan una infracción de la Ley Turística, por el desempeño de una actividad sin declaración responsable ni título habilitante, cuya sanción va de 40 a 400.000 euros, además de publicidad en redes del evento, para el que se carece de licencia, con multas de 4.000 a 40.000 euros.
Los agentes también han denunciado la vulneración de la ordenanza municipal de convivencia por molestias y ruidos, de forma reiterada, cuyas multas alcanzan los 12.000 euros.
El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, explicó que el pasado jueves detectaron «una actividad anormal, que había una fiesta con una serie de denuncias», razón por la que el fin de semana establecieron «controles porque nos preocupaba que la fiesta se volviera a repetir. Nos llegaron indicios de que se podía volver a repetir y hablamos con la Guardia Civil para montar un dispositivo conjunto de control. Desde el viernes estuvimos vigilantes con lo que estaba pasando en Casa Lola. La madrugada del domingo al lunes es cuando se hace la intervención», precisó Guerrero, quien destacó que se incumplía la Ley de Actividades ya que se estaba produciendo «un uso de fiesta».
El decreto
El decreto de medidas de contención del coronavirus, además, «determina que cuando hay peligro para la salud de las personas se puede intervenir de manera inmediata. Como vimos que había una gran afluencia de personas, decidimos intervenir. En base a esto y a la Ley de Actividades, ya que se estaba dando un uso no permitido de discoteca, decidimos intervenir», precisó Guerrero. La fiesta no se publicitó por redes sociales y fueron los vecinos quienes pusieron en alerta al Ayuntamiento de Sant Josep: «Nos pusieron en sobreaviso los vecinos. Durante el fin de semana estuvo la Policía Local allí y se intentó notificar el decreto de precinto de todas las instalaciones porque no es una actividad permitida, pero no se consiguió notificar. Es verdad que ayer ya lo han recibido y lo han abierto a través del buzón electrónico».
La discoteca
Guerrero precisó que donde se estaba celebrando la fiesta es un «volumen independiente con un sitio para el dj, pintada de negro, barras, un baño con varios retretes». Guerrero señaló, además, que no es la primera fiesta que hacen esta temporada ya que la semana pasada tuvieron que acudir a Casa Lola por el mismo motivo, por la realización de fiestas. En la intervención de la semana pasada, «se exhibió a la Policía Local un alquiler turístico ilegal de dos semanas por un importe de 115.000 euros; esto lo hemos trasladado al Consell d'Eivissa».
La otra versión
Rocío Martín, la hija de Francisca Sánchez Ordóñez, propietaria de Casa Lola negó ayer en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera que la madrugada del lunes se celebrara una fiesta ilegal en Casa Lola. Aseguró que la Casa Lola no está alquilada y que está ocupada por su marido y familiares y amigos de él, entre ellos su hijo y amigos del mismo. «Es una barbaridad esto que están diciendo. Era una fiesta privada y eso no está prohibido», precisó. José Carlos, el marido de Rocío, anunció la interposición hoy mismo de una denuncia contra la Policía Local de Sant Josep por allanamiento de morada, coacciones y amenazas y aseguró tener documentada la intervención policial con «grabaciones». «El único objetivo es atacar a la propiedad por la animadversión que tiene el Ayuntamiento», apuntó. «Demostraremos que no era una fiesta ilegal, ahí solo estaban amigos que estaban invitados a una fiesta de jóvenes». José Carlos relató también que él estaba durmiendo cuando la «Policía Local asaltó la vivienda» y que en ese momento había entre «ocho y 10 personas» durmiendo. «Mucho ruido no podía haber», concluyó.
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