Han sido años de apretarse el cinturón y las entidades locales de Ibiza le piden al Estado que les permita desabrocharlo. La reivindicación no es nueva: modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (la conocida como Ley Montoro) para poder utilizar el remanente que, año tras año, los ayuntamientos acumulan en el banco y en su contabilidad. El Real Decreto-ley 11/2020, publicado ayer en el BOE, permite a las entidades locales soltar algún agujero de ese cinturón, pero la medida se considera todavía insuficiente.
La nueva norma les da la posibilidad a las corporaciones locales (entre las que se incluyen los consells insulares) de destinar un 20% del superávit del año 2019 para financiar gastos de inversión en materia de Servicios Sociales y promoción social.
Los servicios jurídicos de las instituciones ibicencas ya están estudiando la medida, sin embargo, las consecuencias económicas previstas tras el final de la pandemia han reforzado el mantra que llevan años entonando: que se derogue la regla de gasto que limita el incremento de los presupuestos municipales y que se permita el uso del remanente según las necesidades de cada ayuntamiento.
Limitaciones
«Cuando esto pase, nos enfrentaremos a cuestiones que no podemos valorar todavía, pero que seguramente serán más grandes de lo que podamos pensar. Por este motivo deberíamos poder acudir a un dinero que tenemos y que debe ir destinado a los ciudadanos», apuntaba ayer el concejal de Hacienda de Sant Josep, Vicent Roselló.
Conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, las corporaciones locales únicamente pueden destinar el superávit a pagar deuda y, una vez liquidada, a inversiones financieramente sostenibles. Roselló solicita, dadas las circunstancias, «que se pueda flexibilizar según las necesidades de cada ayuntamiento y sus características económicas».
Por su parte, el Consell d'Eivissa inició ya en la jornada de ayer la tramitación para poder desbloquear la cantidad permitida por el Real Decreto. El conseller de Economía y Hacienda en funciones, Salvador Losa, exigió, a pesar de todo, un plan todavía más ambicioso para hacer frente a la actual situación y liberar totalmente el uso del remanente. Además mantenía su demanda de poder tramitar las subvenciones, algo que indicó que ya había recibido la negativa por parte del Gobierno.
La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, calificó la medida de «correcta». Sin embargo valoró que tendrá poca incidencia en el municipio que gobierna, dado que en 2019 ya se destinó prácticamente la totalidad del remanente (2,5 millones) a inversiones financieramente sostenibles y se llegó a aplicar casi el 100% del presupuesto. «Con esta medida, una buena gestión podría verse penalizada si solo nos dejan utilizar el 20% del remanente», lamentaba, que en el municipio asciende a 217.000 euros.
El Govern defendió ayer, tras una reunión con los responsables de Hacienda de los consells de las islas y el presidente de la Felib, que los consells y los ayuntamientos puedan disponer de estos recursos para ejercer sus competencias y que corresponden a las propias entidades locales. Una demanda que ya se ha hecho llegar al Gobierno y que indicaron que reiterarán.
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