Jaume Ferrer se desvincula de los contratos del gurú de Més

En el caso de Ferrer, este tuvo que responder por la adjudicación de un estudio sobre la satisfacción de los turistas que visitaban Formentera. El expresidente del Consell justificó que fue el patronato de turismo y no él quien lo contrató y que se hacía todos los años con distintas empresas. Acusó a los populares de instrumentalizar la querella para sacar rédito electoral. Ferrer apenas estuvo un cuarto de hora ante la juez y el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau. Garau, por su parte, volvió a repetir lo que ya dijo cuando la investigación la llevaba otro juzgado: que los trabajos se realizaron y que fueron serios, que los precios eran los de mercado y que está justificado que una empresa realice trabajos de campo y que otra especializada se encargue de analizar los resultados. De hecho, Garau señaló que los cuatro estudios por los que ahora se le ha citado, proporcionaron resultados «espectaculares».

El caso ha vuelto a activarse por un efecto procesal. Arrancó por una querella de la Fiscalía Anticorrupción que ponía encima de la mesa indicios de manipulación en contratos de la Conselleria de Turisme y en la de Cultura, con cinco contratos en total. Cuando se tramitaba esa instrucción, el Partido Popular quiso personarse como acusación. Se le requirió para que presentara una querella y así lo hizo. En ella incluyó cuatro contrataciones que no había denunciado Anticorrupción: del Ajuntament de Calvià, de la Conselleria de Cultura, del área de Urbanismo de Palma y del Consell de Formentera. El juez que tramitaba la primera causa decidió asumir sólo la personación respecto de los contratos que él investigaba y envió a reparto el resto de querella popular, que ahora ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 12.

Sobre los primeros contratos el juez dictó un auto de sobreseimiento provisional porque consideró que no existían suficientes indicios de delito toda vez que los trabajos estaban realizados correctamente y que se justificó el porqué de la separación del trabajo de campo del análisis de los datos. Ninguna de las acusaciones recurrió esta decisión. La juez ha señalado para marzo nuevas declaraciones, entre ellas la de la exconsellera de Cultura, Ruth Mateu.