Rosana Morillo, directora de Turisme del Govern y Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni. | M.Sastre

El Govern balear aprobó ayer un decreto que prohíbe el turismo de borrachera en el casco urbano de Sant Antoni, en Ibiza, así como la playa de Palma y Magaluf, en Mallorca. Un decreto que el Govern balear contemplaba aplicar en la Pitiusa mayor en la zona concreta del West End, pero que finalmente «se ampliará a algunas calles más para poder abarcar prácticamente el casco urbano de Sant Antoni», según explicó ayer el alcalde del municipio, Marcos Serra.

Serra señaló, además, que el equipo de gobierno del municipio ha pedido al Govern «que estas medidas restrictivas vengan acompañadas de más inversión para reformar la zona e incentivar la mejora de los negocios». También se pidió que se refuerce la seguridad.

La ley, que recoge la expulsión de los hoteles de los turistas que practican el balconing y multas de hasta 600.000 euros, es la primera norma que se adopta en toda Europa para restringir la promoción y venta de alcohol en determinadas zonas turísticas.

Medidas limitadoras

Según explicó la directora general de Turisme del Govern, Rosana Morillo, estará prohibida la publicidad que tenga como objetivo incentivar el consumo de alcohol en establecimientos turísticos, así como las barras libres, happy hours o similares. También se prohíbe la exhibición de bebidas alcohólicas, los autodispensadores, además de que los establecimientos que vendan alcohol deberán permanecer cerrados entre las 21.30 y las 08.00 horas.

Esta última medida será la que afecte principalmente al municipio de Sant Antoni, donde hasta ahora había numerosas bodegas 24 horas. También se evitará «la promoción de alcohol a través de relaciones públicas, que es una de las problemáticas de esta zona», señaló Marcos Serra.

Otra de las prohibiciones que detalló la directora general de Turismo, fue la prohibición de la publicidad, la organización y la venta de las excursiones etílicas, conocidas también como pubcrawling, para evitar recorridos alcohólicos en las zonas afectadas por el decreto.

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En cuanto a las party boats, se prohíbe publicitarlas. Asimismo «no se darán nuevas licencias para esta actividad en todas las Islas Baleares», recalcó Morillo y se abre un plazo de 24 meses para regular la actividad.

Para conseguir que estas prohibiciones se respeten trabajarán conjuntamente «inspectores de turismo, salud y comercio, que podrán levantar actas», indicó Morillo. También podrán actuar en este sentido tanto Policía Local como Guardia Civil. Los expedientes de estas infracciones los gestionará el Consell d'Eivissa, según explicaron desde el Govern.

Sanciones

La normativa establece un régimen sancionador que pone un acento especial en las faltas graves y muy graves. Así, desde el Govern explicaron que se consideran faltas graves las prácticas peligrosas para la vida, la integridad o la salud de los clientes; la falta de información de forma expresa a los clientes sobre dichas prácticas peligrosas; la no expulsión de clientes que realicen dichas prácticas peligrosas; ofrecer habitaciones por horas y publicitar bebidas alcohólicas o tener expuesto alcohol en los establecimientos, entre otros aspectos. La sanción en estos casos irá desde los 6.001 a los 60.000 euros.

Las faltas muy graves contemplan la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido; ofertar bebidas alcohólicas bajo modalidades del tipo barra libre, happy hours o 2x1 y 3x1; mantener los autodispensadores de alcohol; la publicidad o realización de excursiones etílicas o cometer dos faltas graves en seis meses. Estas se sancionarán con hasta 600.000 euros.

Las leves, cualquier otra infracción incluida en el decreto, tendrán una multa de entre 1.000 y 6.000 euros.

El decreto ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), la próxima semana, y se aplicará en la próxima temporada 2020. La vigencia, por el momento, será de cinco años. «Aunque si se detecta que se soluciona el problema actual en menos tiempo se podría dejar de aplicar antes», dijo Morillo, quien además apuntó que «si se detectara que el problema se traslada a otras zonas, también se podrá modificar la zonificación y ampliarla a esas zonas».