Costas no ve que haya ninguna razón para revocar la autorización del kiosco de Cala Gració

Sin embargo, Costas no vio motivos para revocar dicha autorización y así se lo trasladó al Ayuntamiento el 11 de julio. «La tramitación se adecuó a lo establecido en el artículo 152 del Reglamento General de Costas, constando la práctica de la información pública y oficial, siendo todos los informes emitidos por las administraciones públicas favorables a la instalación: Direcció General d'Ordenació del Territori (10/05/2017) y Ayuntamiento de Sant Antoni (11/05/2017)», reza la respuesta.

El escrito también explica que, según el artículo 112 del mismo Reglamento, las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración General del Estado en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad.

En este sentido, Costas aclara que «no se observa que se den los supuestos fácticos a los que se refiere el artículo 112 para que se proceda a la revocación de la autorización». Y va más allá al decir que, «si el Ayuntamiento ha cambiado de criterio sobre esta instalación, con respecto a su informe emitido, puede actuar en el ámbito de sus competencias, no otorgando, revocando o anulando, en su caso, las licencias o autorizaciones oportunas de su competencia».

Frenar la instalación
Ante la petición de PSOE-Reinicia sobre que se haga «toda la fuerza legal» para frenar la apertura del chiringuito, Marcos Serra, alcalde del municipio, recordó que fue Pablo Valdés «quien firmó dar esta licencia». «Además, se hizo una junta de gobierno extraordinaria de urgencia para darla», añadió.

Asimismo, reiteró que el dictamen del Consell Consultiu dice que «esa licencia no es nula de pleno derecho», por lo que no negó que la instalación pueda abrir sus puertas la próxima temporada. «Hay posibilidad de que el kiosco esté este verano o no. No lo sé. Depende de cómo actuemos o de si a la propiedad le interesa abrirlo. Era para cuatro años y le quedaría verano y medio», sostuvo.

Ante esta situación, indicó que se puede buscar otra vía para impedirlo, pero «nos exponemos a que la indemnización sea mucho mayor». Y es que la propiedad pide más de un millón de euros de compensación y «si no vemos que esa vía pueda finalizar bien para el Ayuntamiento, quizá no hay que exponerse a pagar una indemnización mayor; quizá es mejor que el kiosco se instale».

Se tratan de «supuestos», remarcó el alcalde, ya que el tema está en manos del secretario y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Respecto al secretario, Serra también dijo que PSOE-Reinicia ha hecho una petición «formalmente» para que no forme parte del caso. «Podemos pedir algún informe externo, pero el secretario no tiene por qué apartarse», criticó, al tiempo que insistió en que «son ellos los que han provocado esta situación; que no nos digan cómo tenemos que actuar».

Interés general del municipio
Bambagas S. L., propiedad del chiringuito, ha pedido tener una reunión con el equipo de gobierno para «hablar del tema». Según argumentó Serra, se pusieron en contacto con ellos cuando salió a la luz el dictamen del Consultiu –avanzado por Periódico de Ibiza y Formentera– y tendrá lugar entre la primera y la segunda semana de diciembre. «No sé para qué es; si podemos evitar que se instale o quizá la empresa no quiera instalarlo, perfecto», añadió.

El primer edil tampoco se olvidó de responder a las acusaciones de la oposición sobre los supuestos intereses que tiene el equipo de gobierno para no frenar el chiringuito mirando por el interés particular y no general.

«El interés general del municipio es, también, intentar evitar una indemnización mayor. Vamos a buscar el interés general porque los que dieron la licencia y buscaron el interés de la propiedad fueron ellos, que, en vez de mirar por el medio ambiente y por una zona que está bien conservada, optaron por dar la licencia de urgencia», detalló.

Por ello, dijo no entender las declaraciones de los últimos días y acusó a PSOE-Reinicia de que «quizá su intención es verme desfilar por los juzgados como han ido ellos la pasada legislatura». Además, el hecho de que les «culpen» de querer permitir el kiosco hizo que Serra bromeara con que «también nos acusarán de los ERE».

PSOE-Reinicia pide apartar al secretario por ser «parte implicada»

PSOE-Reinicia explicó ayer que el secretario es «parte implicada», por lo que darán registro de entrada a la solicitud para que se le aparte del caso. «Estuvo al mando de Urbanismo cuando no estaba la jefa y cuando ella regresó se encontró con esto», matizó el socialista Simón Planells.

Por otra parte, reiteró que el Consultiu dice que no hay nulidad, pero que «puede aplicarse la anulabilidad por los múltiples errores de los informes». Aún así, reconoció que no conocían la respuesta de Costas a la solicitud de revocación de la autorización para la instalación del chiringuito.

Planells admitió, también, que el «error» fue tramitar la licencia por urgencia: «No sé quién lo introdujo y se aprobó porque, por urgencia, no se pueden mirar todos los informes».