Los dos guardias civiles acusados de denunciar falsamente y detener a un hombre por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol en Ibiza negaron ayer «haber arrestado por capricho» al hombre y ante el tribunal que les juzga defendieron que el atestado que realizaron aquella noche se corresponde a la realidad.
Los agentes se enfrentan a una petición fiscal de ocho años y un día de prisión, multa de 7.200 euros y 13 años de inhabilitación para cada uno por sendos delitos de denuncia falsa, falsedad documental y de detención ilegal.
Ayer arrancó el juicio en la Audiencia Provincial con el testimonio de los dos agentes, quienes rechazaron haber abusado de su cargo y subrayaron que su actuación fue «profesional y educada».
Los hechos ocurrieron en abril de 2012 en la zona de la Marina Botafoch de Ibiza.
El detenido sostenía que no había conducido tras beber y que el coche estuvo en todo momento estacionado, mientras que los guardias civiles han mantenido que el automóvil estaba en marcha, con las luces exteriores encendidas y las interiores apagadas, y que detectaron movimiento del vehículo. Uno de ellos añadió que vio las luces de la marcha atrás reflejadas en otro coche.
Según los agentes, de los tres ocupantes del vehículo dos llevaban el cinturón abrochado, pero no el conductor, al que dicen haber visto con las manos en el volante. Añadieron que observaron cómo giraban las ruedas y que al llegar el coche patrulla el hombre «abortó la maniobra».
Ambos indicaron que el detenido «no podía entablar palabra» porque estaba «muy borracho».
Durante la vista oral, el hombre admitió que había consumido varios combinados de vodka y chupitos de licor.
Los guardias civiles declararon que no hubo faltas de respeto ni por su parte ni por la de los tres ocupantes del vehículo, y también que el detenido cambió varias veces de versión sobre si el turismo estaba estacionado y parado. Además, rechazaron haber llevado al arrestado a un «calabozo» en el aeropuerto de Ibiza ya que en esas instalaciones no hay ninguno.
Los guardias imputaban al detenido un delito contra la seguridad vial por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol. El procedimiento que se abrió fue posteriormente archivado tras determinar que el coche había permanecido estacionado.
La continuación del juicio se ha aplazado al 13 de marzo para poder citar a dos testigos. Uno de ellos es un agente ahora destinado a una unidad antiterrorista, que está trabajando de incógnito en España, y por ello la defensa ha tenido dificultades para localizarlo.
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