La titular del juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza dejó ayer visto para sentencia el juicio contra dos acusados por un delito contra el medio ambiente a raíz de las obras realizadas en 2014 en una villa localizada en Platges de Comte, una propiedad en la que se llevaron a cabo diversas obras, entre ellas, la construcción de una «vivienda o búnker de 400 metros cuadrados», según la denuncia realizada por los agentes del Seprona de la Guardia Civil de Ibiza.
El Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión para los dos únicos encausados, la persona que ejercía como administradora de la sociedad propietaria de la mansión y el responsable de una empresa de alicatados. En la vista oral, ambos advirtieron no entender cómo habían acabado allí, rechazaron las acusaciones y manifestaron sentirse como «víctimas».
La representante de la sociedad aseguró que «nunca» dio ninguna instrucción sobre la obra y que presentó su renuncia al advertir que se «se estaba cometiendo un exceso» en las obras. «A mi me utilizaron, soy una víctima», aseveró. Relató que a ella la contrataron cuando se compró la propiedad y luego «me utilizaron. Era administradora de derecho pero no de hecho.
Yo hice un informe en el que advertía que aquello era Área Especial Protegida y Protección de Costas. A toro pasado me enteré de que habían hecho jacuzzi, una pérgola de madera y una pasarela que fue retirada para desbrozar y pasar cableado. Cuando en febrero de 2014 me llamaron desde el Ayuntamiento de Sant Josep y me advirtieron de las irregularidades, dije que me marchaba», subrayó.
Por su parte, el responsable de la empresa de alicatados hizo hincapié en que él fue subcontratado. «Yo soy autónomo y me dediqué a realizar alicatados, barnizados y poner unos mármoles. Allí habían trabajando empresas mucho más potentes», relató. En la causa no está imputada ni la propiedad ni ninguna otra empresa. Preguntado por la construcción de una vivienda subterránea de 400 metros cuadrados y un aumento de diez metros cuadrados de volumen, el acusado indicó que en la propiedad se estaba llevando a cabo una reforma de vivienda: fachada y jardinería. Había una pasarela de madera de unos 80 metros de largo y una vivienda anexa de hormigón (la casa para el guardián).
Después llegó el turno de los agentes del Seprona que denunciaron las irregularidades advertidas durante una inspección aérea. Tras observar un movimiento de tierras en una zona protegida, procedieron a una inspección sobre el terreno. «Había mucha gente trabajando en la finca y el ‘búnker' ya estaba prácticamente acabado», señalaron. La villa está en un recinto en el que la propiedad tiene otra mansión que ya fue objeto de polémica en 2016 por la instalación de un embarcadero y una escalinata.
Las defensas solicitaron la libre absolución y cuestionaron a los agentes porqué no se imputó a otras personas como la jefa de obra o la ‘House manager'. Los agentes indicaron que quizás podrían haber imputado a más gente, pero «nadie quiso colaborar».
1 comentario
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es una tomadura de pelo decir que no se han podido identificar a las empresas que hicieronlas reformas ilegales,CONSTRUCCIONES ECIBIZA,eso si desaparecida y con un monton de acreedores.......