La vicepresidenta segunda y consellera de Indústria del Consell d'Eivissa, Marta Díaz, mostró ayer su «satisfacción» por la anulación de la licencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) para la instalación de una planta asfáltica y otra de hormigón en las cantera de ses Planes. «Es lo que ha defendido el Consell desde el primer momento», apuntó Díaz.
Según recordó, nada más llegar al Consell el equipo de gobierno se reunió con los vecinos afectados, apoyándoles «constantemente». Díaz aseguró que la tramitación de las licencias se llevó a cabo bajo el anterior Govern balear del PP «que dejó todo a punto para la firma y el Govern que entró nuevo se vio obligado a firmar porque estaba toda la tramitación hecha».
Asimismo, consideró que la empresa afectada «tiene el derecho a recurrir porque la ley da estas posibilidades», pero una «planta asfáltica y una cementera donde hay vecinos no es lo más adecuado».
El Ayuntamiento de Santa Eulària, por su parte, aseguró que deberá estudiar la sentencia que anula la licencia para la instalación de las plantas de asfalto y hormigón en ses Planes y ver «qué consecuencias tiene» para el propio Consistorio al no haberse concluido aún la tramitación municipal.
Desde el Ayuntamiento recordaron que no son parte implicada en el contencioso, pero sí se ven afectados en la tramitación administrativa que la promotora llevaba a cabo.
El concejal de Actividades, Mariano Juan, aseguró que el Ayuntamiento «no valora decisiones judiciales que no le afectan directamente». Asimismo, explicó que alguna de las partes debería comunicar al Consistorio la sentencia y manifestó que, aunque ésta no sea firme, la parte ganadora puede pedir que sea ejecutada, por lo que la licencia puede suspenderse hasta que haya una resolución definitiva.
Juan reconoció que el equipo de gobierno «entiende» la postura de los vecinos afectados, contrarios al proyecto. «Hay intereses privados legítimos de cada una de las partes y se entiende la preocupación de los vecinos y también de la promotora que cree que tiene unos derechos adquiridos. Son posiciones enfrentadas y aquí no hay discrecionalidad. Aquí el Ayuntamiento o la administración de la Comunidad Autónoma no eligen lo que les gusta más o lo que les hace más gracia. El Consistorio tenía sobre la mesa unos permisos que había dado el Govern y, por lo tanto, la promotora tenía unos derechos para que se les tramitara el expediente y el Ayuntamiento lo que hizo es aplicar la ley», afirmó el concejal popular.
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