Seis meses de prisión y sendas multas de 1.440 euros. Es la condena impuesta por un tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial a la administradora única y la apoderada de la empresa Inversiones Hoteleras Faro S.L., de la finca ‘Casa Lola', por un delito de ocupación colectiva ilegal al tener a 14 trabajadores de forma irregular.
Las dos encausadas reconocieron ayer los hechos ante el tribunal y aceptaron el acuerdo de conformidad alcanzado previamente entre el Ministerio Fiscal y su defensa. La sentencia también recogía sustituir la pena de prisión por una multa de 2.880 euros para cada acusada -12 meses a razón de ocho euros diarios-, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.
Contratación de 14 trabajadores
El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente penas de dos años de prisión y multas de 6.000 euros por un delito de ocupación colectiva ilegal al tener a 14 trabajadores de forma irregular.
Francisca S. O., de 69 años, y Rocío M.S., de 47 años, se sentaron en la banqueta de los acusados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma para responder ante la justicia.
Según el escrito de acusación, la empresa dedicada a la administración, explotación y tenencia de establecimientos hoteleros contaba con una plantilla de cinco trabajadores en situación de alta. No obstante, el 14 de febrero de 2013, en una obra de la que «era promotor/contratista la empresa Inversiones Hoteleras Faro, finca ‘Casa Lola', en Sant Josep, «se encontraban trabajando para dicha empresa 8 trabajadores, de los cuales siete no había sido dados de alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, conociendo las encausadas que debían haber solicitado en tiempo y forma el alta de los mismos».
Asimismo, uno de los trabajadores era beneficiario del subsidio de desempleo, sin que las encausadas procedieran a tramitar su alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de la actividad.
Por otra parte, el 18 de marzo de 2013, en la obra que eran contratista en otra villa, se encontraban seis trabajadores, de los cuales tres no habían sido dados de alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, al tiempo que otros tres carecían de la correspondiente autorización de residencia y trabajo.
Irregularidades
Las irregularidades detectadas en las obras de ‘Casa Lola' desencadenaron una serie de actuaciones policiales que conllevaban el precinto de la propiedad.
Posteriormente, la encausada Francisca Sánchez Ordóñez tuvo que responder ante la justicia por un delito fiscal, una causa por la que cumplió una pena de prisión.
Ahora, casi seis años después, la sección primera de la Audiencia Provincial la condenó por un delito de ocupación colectiva ilegal.
1 comentario
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En fin,, que barato sale la explotación de personas en este País.