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El Ayuntamiento de Santa Eulària defendió ayer la «legalidad» de la prórroga del contrato de suministro de agua hasta 2025 a Aqualia, que se anunció en el pleno ordinario del mes de julio. El concejal de Urbanisme, Mariano Juan, explicó que los informes técnicos y jurídicos de la casa respaldan la decisión del Ayuntamiento por «interés público», ya que el agua es un servicio esencial.

La interpelación de Juan vino después de que el grupo socialista presentara un recurso de reposición contra el acuerdo que el grupo popular aprobó en el pleno del pasado mes de julio, por entender que el Ayuntamiento debería haber sacado a concurso público la gestión del agua, una vez caducó el anterior contrato de la empresa privada. Vicent Torres ‘Benet', portavoz del grupo socialista, argumentó entonces que se podrían haber cometido «irregularidades» en la citada prórroga. «La nueva tarifa del agua no supone una mejora para la ciudadanía», aseguró ‘Benet'.

Por su parte, el grupo municipal de Guanyem lamentó la falta de consenso en la propuesta que presentó el grupo popular, ya que «la decisión estaba tomada». El portavoz de Guanyem, Óscar Rodríguez, argumentó que es políticamente «irrelevante» que la decisión sea legal o no, ya que la propuesta aprobada «no deja de ser un fracaso de una década de gestión, además de un regalo a Aqualia». Rodríguez también criticó la propuesta del grupo socialista de sacar a licitación el concurso del agua ya que, argumentó, «nuestro modelo es la gestión pública directa». De lo contrario, según Guanyem, una empresa privada termina haciendo negocio con un bien «esencial» como el agua.

En su turno de réplica, Juan, concejal de Urbanisme, hizo hincapié en que se trataba de un tema «extremadamente complejo» y que el Ayuntamiento no actúa «sabiendo que se hacen las cosas mal, sino en base a unos informes técnicos y jurídicos que avalan sus decisiones». Juan recordó que el Ayuntamiento puso en marcha el año pasado un proceso de municipalización del agua, en referencia a la propuesta de Guanyem y señaló que hay que llegar a acuerdos porque «estos asuntos no suelen terminar bien cuando van por la vía de la expropiación». Mientras que el PSOE y Guanyem dieron por «muerta» la Comisión del Agua que debate cómo asegurar la mejor forma de gestión del agua, Juan abrió la puerta al diálogo y afirmó que «ahora tenemos tiempo de debatir hacia qué modelo queremos ir». Pese a que no se mostró favorable a la gestión pública directa «a priori», matizó estar dispuesto a debatirla. «El Ayuntamiento ha actuado en base a la legalidad y los informes técnico-jurídicos», concluyó.

Reducción de impuestos

Por otro lado, el pleno aprobó también las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales relativas al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en suelo urbano, el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

La propuesta del equipo de gobierno, que contó con los votos favorables del PSOE y de Guanyem (excepto en el caso del IBI en el que el grupo de izquierdas se abstuvo), reducirá el impuesto sobre el IBI en suelo urbano del 0,42% al 0,40%, lo que representa en términos de recaudación fiscal una bajada de 500.000 euros en las arcas del Consistorio, según explicó Pedro Marí, concejal de Economía y Hacienda.

Respecto a los bienes de naturaleza urbana, el tipo impositivo pasa del 25% al 16% y en cuanto al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, contará con una bonificación fiscal del 95%, además de una bonificación del 50% para la instalación de energía solar, con un límite temporal de tres años.

«Estas medidas van en consonancia al compromiso del PP en su promesa de bajar los impuestos durante la presente legislatura», aseguró Marí, quien criticó a la oposición de izquierdas por estar, en palabras de Marí, siempre a favor de subir la carga tributaria a la ciudadanía.

José Luis Pardo, concejal del PSOE, respondió a las críticas del grupo popular explicando que los socialistas están a favor de bajar los impuestos «siempre y cuando no conlleve una reducción drástica de ingresos» y recordó que la reducción del gravamen para la implementación de la energía solar fue propuesta por Guanyem en una sesión plenaria anterior. Guanyem, precisamente, definió la medida del PP como «positiva», después de muchos años de «penalización del autoconsumo de energía solar», en referencia al «impuesto al sol» aprobado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y derogado ahora por el nuevo Ejecutivo socialista.

El equipo de gobierno llevó también al pleno la liquidación de dos préstamos subvencionados por el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estos préstamos de 4.750.000 euros en total, que se han devuelto con un interés del 0,5%, fueron amortizados con el remanente de tesorería que posee el Ayuntamiento de Santa Eulària y que actualmente se sitúa en poco más de un millón de euros.

Este periódico informó de que el remanente de tesorería de Santa Eulària era de 23,5 millones de euros debido a que son la suma de las cantidades de superávit que el Ayuntamiento declaró tener en los ejercicios de 2015, 2016 y 2017. Sin embargo, en años anteriores estos fondos no se acumularon, sino que se destinaron a pagar parte de la deuda y a invertir en infraestructura.

La moción fue aprobada con el voto a favor del PSOE y la abstención de Guanyem.

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