Europa Press31/07/18 8:56
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El portavoz de Ciudadanos (C's) en Baleares, Xavier Pericay, criticó ayer la gestión de la presidenta del Govern, Francina Armengol, por haber aprobado el decreto de la posidonia «sin una cartografía previa que el Consell Consultiu exigía». Según manifestó en rueda de prensa, nos «encontramos ante un Govern y un Gobierno central irresponsables cuyas políticas nos afectan a todos».

«Para que una política medioambiental con la posidonia sea efectiva se tienen que dar tres condiciones: controlar los fondeos de las embarcaciones, impedir vertidos de aguas fecales procedentes de depuradoras obsoletas y de aguas hipersalinas procedentes de desaladoras, e impedir la colonización del fondo marino por algas invasoras», explicó Pericay, que criticó que «el decreto solo cumple la primera condición».

Cabe recordar que el Consell de Govern aprobó el pasado viernes el decreto sobre la conservación de posidonia oceánica en Baleares, y que, entre otras consideraciones, prohíbe el fondeo de embarcaciones con carácter general.

Respecto a la flexibilización del déficit y el incremento del techo de gasto impulsados por el Gobierno central, Pericay señaló que lo que pretende hacer Sánchez y que aplaude Armengol es «una política totalmente irresponsable». «Lo que debería hacer el Gobierno es una política de contención y no de mayor gasto», aseguró.

Por otro lado, Pericay se refirió a la condena de 87 millones al Govern por la protección de Punta Pedrera. «El empresario a cargo de los terrenos afectados de Punta Pedrera (Ibiza) utilizará 56 millones de euros de la indemnización del Govern para cerrar la compra del aeropuerto de Ciudad Real. Esto demuestra la irresponsabilidad pasada del Pacte», señaló.

En este sentido, Pericay recordó que «el Tribunal Supremo ratificó» una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) referida a la desclasificación en 2008 de Punta Pedrera, «terrenos cuyo carácter urbanizable quedó anulado por el entonces conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, y ahora la Comunidad debe pagar».

Así, criticó que «el actual Govern no reconoce que las cosas no deben hacerse como se han hecho en cuanto a la desclasificación de suelo urbanizable de Punta Pedrera, y lo único que le interesa es proteger a Jaume Carbonero y al Govern del segundo Pacte».