Los grupos parlamentarios darán la vuelta al reglamento de la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción, más conocida como Oficina Anticorrupción y que ha recibido informes en contra de la Sindicatura de Cuentas, del Consell Consultiu y de la Conselleria de Presidència.
El informe de la Conselleria de Presidència llegó ayer a la Cámara mientras el director de la Oficina, Jaime Far –nombrado hace seis meses–, presentaba su propuesta en el Parlament y explicaba que pese a los informes contrarios no había considerado rehacerlo y que esperaría a que los grupos parlamentarios presentarán las enmiendas.
Todos los informes coinciden en que Far se ha extralimitado en algunas propuestas y que debe ser el Govern quien apruebe definitivamente el reglamento, al menos en la parte que se refiere al funcionamiento externo, es decir a las normas que sea previsto desplegar y a los mandatos legales. Por ejemplo, se plantea tener accesos a cuentas bancarias y ordenar decomisos, algo que –según la Sindicatura de Cuentas– eso no lo hace ni la Agencia Tributaria. Diferente es el régimen de funcionamiento interno, donde sí re reconoce la competencia del director. Les alegaciones presentadas por el Consell Consultiu también insistían en que aspectos del reglamento planteado requerirían pasar por el Consell de Govern.
Entre otros aspectos, el reglamento prevé que la Oficina disponga de un plazo de un mes desde la recepción de una denuncia para analizar la verosimilitud de los hechos y proponer o el inicio de una investigación o bien el archivo de la denuncia.
La Oficina podrá recibir tanto denuncias en las que conste la identificación del denunciante como denuncias anónimas. El organismo mantendrá la confidencialidad de la persona denunciante, excepto si se lo requiere la autoridad judicial.
Seis asuntos
La Oficina Anticorrupción ocupa, provisionalmente, una dependencia del Parlament. De momento, Far es la única persona que trabaja allí. Desde su elección, ha recibido seis denuncias. Una se refiere a un instituto que depende del Govern, otras cinco a cuestiones municipales y la sexta es una denuncia personal. Tiene la potestad de enviar cualquier denuncia a la Fiscalía
En su comparecencia, tanto el diputado Aitor Morrás (de Podemos) como la diputada del Grupo Mixto Xelo Huertas le preguntaron si había considerado la conveniencia de renunciar en el caso de que se viera obligado a retirar su propuesta. Dijo que no y, además, afirmó que no lo iba a retirar e instó a los grupos a presentar sus aportaciones.
La portavoz del PP, Margalida Prohens, indicó ayer que la creación de esta Oficina había sido «un capricho» del Govern y Podemos e indicó que le había sorprendido el tono de las críticas de quienes le habían propuesto.
1 comentario
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Me puede decir alguien porque se contratan unos servicios jurídicos tan caros en los gobiernos regionales para que luego nadie les hace ni puñetero caso, léase Cataluña, Baleares, País vasco, Andalucía, etc.etc