Según han informado desde el Grupo Empresas Matutes, el ex ministro ha presentado ante el Parlament una petición relativa a la enmienda a la Ley de Urbanismo avalada por este informe, que constata que la Proposición de Modificación de la Ley de Urbanismo aprobada en diciembre de 2017 supone un «atentado contra la competitividad, economía y trabajadores de la isla de Ibiza y anula las competencias de las instituciones insulares y municipales».
El texto en manos del Parlament balear, según el informe, «no regula ninguna situación de extraordinaria trascendencia y complejidad». Además, desde el Grupo han recordado que la posible indemnización patrimonial correría a cargo de las cuentas públicas «ya maltratadas por las condenas en los casos de Roca Llisa y Punta Pedrera, cuyas indemnizaciones han superado los 100 millones de euros».
Esta enmienda, han añadido, no busca «en ningún caso» el beneficio general de la isla de Ibiza y sus habitantes, sino que pretende, como ha explicado Podemos Baleares, «perjudicar a un único propietario».
Según han recordado desde el Grupo Empresas Matutes, el 9 de mayo Podemos publicó una nota de prensa bajo el título «Impedimos que Matutes siga lucrándose con el urbanismo a la carta del pasado».
En caso de aprobarse la próxima semana esta modificación de la Ley de Urbanismo, «de forma notoriamente injusta», Empresas Matutes ejercerán acciones legales civiles y penales contra las instituciones y personas, tras reiterar que los terrenos están clasificados como suelo urbano o urbanizable y avalados por Normas Subsidiarias, Planes Parciales, Plan General de Ordenación Urbana e impuestos aplicados a suelos urbanos, desde hace más de 30 años.
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Como se nota quien paga y a quien hay que favorecer, no?