Gelu Guerrero declaró ayer en calidad de investigado después de la declaración realizada semanas atrás por el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, investigado por sendos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio a raíz de una querella presentada contre él por la sociedad Cafecer SL (que explota la discoteca Privilege) y Aguileal SL (que explota la discoteca Es Paradís).
Según apuntó el abogado de la acusación, Joan Cerdá, en respuestas a las preguntas que le formuló, Guerrero explicó que el Ayuntamiento tenía conocimiento de las obras que se estaban llevando a cabo porque habían presentado una declaración responsable, que permite obras menores. No obstante, tras las reclamaciones presentadas por los denunciantes y otras personas, el Ayuntamiento advirtió de que se estaban realizando obras de mayor envergadura.
Por su parte, la letrada de la defensa, Ascensión Joaniquet, subrayó que Guerrero defendió la actuación de Ayuntamiento josepí porque las obras tenían el visto bueno de los técnicos municipales. Así, según indicó, después de presentar la declaración de responsabilidad, los responsables de las obras presentaron unos proyectos que acabaron siendo aprobados.
Respecto a la calificación del terreno, Cerdá señaló que el concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde de Sant Josep habría mantenido que los terrenos de la antigua discoteca Space eran suelo urbano. La acusación subraya en su querella que la zona estaba calificada como suelo rústico de régimen general como consecuencia de una sentencia del 12 de septiembre de 2008 de la Sala de lo Contencioso, calificación recogida por el Govern balear en su sede electrónica pero no por el Consell de Eivissa. En noviembre de 2016 se requirió al Consell que en el plazo de tres meses modificase los planos del PTI, un hecho que no se llevó a cabo mientras las obras continuaron en la discoteca que en 2017 abrió sus puertas como Hï.
Licencia de actividad
Durante la declaración también se le preguntó por el hecho de que la nueva discoteca Hï abriese sus puertas sin licencia de actividad. Al respecto, Guerrero declaró que aunque conocían la apertura, el Ayuntamiento no podía frenarla y añadió que se le abrió un expediente sancionador con una multa de 5.000 euros.
El letrado de la acusación añadió que los hechos relatados son motivo para la apertura de juicio oral.
1 comentario
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Ya tenemos otro concejal del Psoe entrando en los juzgados. Pero aquí no pasa nada!!!