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El chiringuito de Cala Gració se ha encontrado con un nuevo revés por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni. Y es que, a pesar de que los trabajadores aseguraron el miércoles que contaban con todos los permisos necesarios para poder abrir las puertas del quiosco, la Policía Local se personó ayer por la mañana en las instalaciones para notificarles que no pueden iniciar ni ejercer actividad hasta que no se expida el certificado municipal de finalización de obras; una notificación que el propietario recibió el martes por correo electrónico.

«Ellos han presentado una declaración responsable para poder comenzar la actividad y, como está previsto en la ley, nosotros hemos pedido que aporten el certificado de final de obra y los documentos que engloban todas las licencias necesarias», explicó Josep Tur ‘Cires', alcalde del municipio.

Se refirió así al artículo 47.2 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividad en las Illes Balears que dice que «la presentación de la declaración responsable, cuando se trata de obras de edificaciones, construcciones e implantaciones de instalaciones de nueva planta o de casas prefabricadas e instalaciones similares, el certificado municipal de finalización de obras facultará para el inicio y el ejercicio de la actividad».

En este sentido, el propietario de la empresa Bambagas S. L. tiene un plazo determinado para presentar la documentación requerida por el Ayuntamiento y «cuando la tengamos, la estudiaremos y daremos una respuesta», matizó el alcalde. En caso de que el chiringuito cumpla con todos los requisitos a Sant Antoni no le quedará otra que conceder la licencia de actividad; de lo contrario, no podrá abrir sus puertas lo que, en palabras de ‘Cires', supondría desmontar la estructura al no poder llevar a cabo una actividad.

Además, el propietario tiene un plazo de 10 días para presentar las alegaciones que estime convenientes.

Presión vecinal

El revuelo ocasionado en los últimos días a raíz de la instalación del quiosco-bar ha hecho que el Ayuntamiento mueva ficha rápidamente ya que el propietario tenía previsto, inicialmente, empezar la actividad ayer, día 24 de mayo. En este sentido, se emitió un informe desde Urbanismo el viernes día 18 (cuando comunicaron que habían detectado «irregularidades») y otro el martes 22 por la arquitecta municipal.

Así, todo apunta a que la presión vecinal ha sido clave en este caso. Tanto es así que el alcalde volvió a escudarse ayer en que se trata de una situación «nueva y compleja» en la que intervienen varias administraciones que tienen «diferentes puntos de vista».

Asimismo, reconoció que «ningún» técnico del Consistorio había previsto el «impacto visual y ambiental» del chiringuito cuando se concedieron las licencias iniciales. Ante la pregunta de si este impacto es motivo suficiente para emitir un informe desfavorable por parte del Consistorio, el alcalde dijo no saberlo. «Me gustaría que el quiosco no estuviera ahí, pero una cosa es que no me guste por el impacto que produce y otra que legalmente estemos obligados a dar la licencia, que es la situación en la que estamos».

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