Según han explicado, miembros de la Plataforma Ciudadana PROU detectaron a comienzos de mayo una serie de obras que podían suponer la posible privatización de tramos de costa, algunos «manifiestamente utilizados» por los inquilinos de viviendas situadas en las inmediaciones.
Los elementos localizados son desagües, plataformas de hormigón con escalera y jardineras, escaleras de cemento y partes metálicas, además de muelles para el atraque de embarcaciones y tala de sabinas.
PROU ha solicitado a las administraciones que comprueben la legalidad de estas infraestructuras y, en caso de carecer de autorización, ha exigido la «inmediata» paralización de las obras o su demolición «urgente» con el fin de devolver a su estado anterior las zonas afectadas.
Los grupos de Acción de PROU han asegurado que prosiguen así su tarea de identificación de obras y actividades supuestamente ilegales con el fin de promover el cumplimiento de las normativas vigentes en todos los ámbitos.
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