Así lo indica el XVII dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el que también se señala que la Comunitat Autònoma ha dejado de recibir 44 millones de euros de la Ley de Dependencia en los últimos cinco años como consecuencia de los recortes estatales y que el Ejecutivo autonómico aporta el 76 % de la financiación pública.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, reconoce estar satisfecha con el cambio de tendencia experimentado. «En estos 21 meses hemos trabajado mucho para activar la tramitación de los expedientes y bajar la lista de espera que nos encontramos al hacernos cargo de la Conselleria», explica.
Cuando el PP dejó el Govern había en Balears 11.138 personas que tenían reconocido algún grado de dependencia. A finales de febrero de este año la cifra ha aumentando a 15.286 personas.
El dictamen del Observatorio también refleja que hay un 70,1 % de prestaciones económicas que son percibidas por cuidadores familiares, el más alto de toda España, porque en las Islas todavía no existe capacidad suficiente para prestar servicios de proximidad con plazas de centros de día y residencias, aunque desde el Govern, los consells insulares y los ayuntamientos se esté haciendo un importante esfuerzo económico para crear más plazas tanto residenciales como de centros de día.
En el caso de la dependencia, el gasto público por habitante es de 65 euros al año, muy por debajo de la media nacional que es de 122 euros.
«Hemos aumentado la plantilla de personal para agilizar todavía más las valoraciones de dependencia», afirma la consellera de Serveis Socials, recordando que el Govern está trabajando para conseguir finalizar la actual legislatura con 680 nuevas plazas de residencia para las personas que tengan reconocido el grado 2 o 3 de dependencia.
EL APUNTE
Más dotación de personal para poder agilizar la tramitación
El Consell de Govern autorizó, el pasado 24 de marzo, a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a incrementar la plantilla de personal destinado a la gestión y tramitación de expedientes en las áreas de prestaciones sociales y dependencia. De esta manera, la Conselleria dispone de 13 nuevas plazas que se están incorporando a los servicios de gestión de la renta social y de éstas 6 son para dependencia. La medida se ha tomado debido al volumen de expedientes tramitados y al aumento del número de personas que solicitan la aplicación de la Ley de Dependencia, derivado en gran medida por la incorporación de muchos casos de grado I (que son personas con menor grado de dependencia pero que necesitan ayuda), y a la ampliación del perfil de las personas que solicitan la renta social.
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