Torres ha recordado que la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, "se comprometió a desbloquear la puesta en marcha de la desaladora y que el Estado asumiría el total del coste de la infraestructura", en una reunión celebrada en septiembre de 2015, ha recordado el presidente.
Según ha dicho, la reclamación que ahora hace el Estado al Govern para que pague los 26,1 millones de euros de coste de la desaladora "es un incumplimiento inaceptable de las condiciones acordadas para solucionar los problemas de agua en Ibiza".
El presidente ha lamentado que la ministra "vaya a engañar a todo el pueblo" cuando dijo que iba a asumir el coste de la infraestructura.
Asimismo, ha manifestado que el hecho de que el Govern deba asumir un gasto imprevisto de casi 50 millones para las desaladoras de Santa Eulària y Ciutadella "pone en peligro las inversiones autonómicas en recursos hídricos y puede provocar que se dispare el precio del agua".
Además, ha considerado que lo que está pasando "no tiene nombre" ya que el Estado "menosprecia al conjunto de la ciudadanía de la isla, faltando a su palabra y atacando la línea de flotación del proyecto más importante que tenemos en cuanto a servicios básicos, como el agua".
El presidente ha anunciado que el Consell "dará todo el apoyo al Govern para la reclamación por todas las vías, la política y de los tribunales, para que el Ministerio cumpla su palabra de asumir el coste de la desaladora".
Este asunto también ha provocado la respuesta del PP ibicenco que a través de un comunicado ha manifestado que “los ciudadanos descubren que lo que nos habían contado respecto de su negociación con el gobierno central y la asunción de los sobrecostes de la desaladora de Santa Eulalia está en entredicho, nos echan las culpas de su incompetencia a todos los demás”.
Según la formación, los sobrecostes en la obra se originan por un modificado del proyecto aprobado por el Gobierno Central entre 2009 y 2010 “como las reiteradas suspensiones que hicieron que una obra a realizar en 24 meses se demorara 92 meses y que finalizase en 2011” puntualizan.
El PP señala que “los convenios firmados entre CAIB y Gobierno recogían la cláusula según la cual el gobierno autonómico aseguraba la plena indemnidad a la administración del Estado ante cualquier reclamación del concesionario”. Del mismo modo, la formación recuerda que “el Consejo de Estado en su informe para la resolución del contrato al dar su aquiescencia señala la posibilidad de repercutir los costes a la Administración autonómica”. Por todo ello, el Govern balear del Partido Popular no aceptó la entrega mientras el Estado no aceptara asumir los sobrecostes originados.
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