Las dos acusaciones activas en el ‘caso Palma Arena', la Fiscalía y la Abogacía de la Comunitat discrepan sobre esta causa. El Govern presentó hace semanas un escrito en el que pedía el archivo de las actuaciones que se apoya en un auto del Tribunal Superior de Justicia, que instruyó unos meses el ‘caso Ópera'. Ese escrito llevó a la destitución del máximo responsable de la Abogacía, Luis Segura.
Ayer, la consellera de Presidencia, Pilar Costa, anunció que, tras la calificación de la Fiscalía pedirá a los abogados del Govern que lo analicen y que se planteen «adherirse» a las tesis del ministerio público: «Ha habido otra interpretación jurídica y hemos pedido que reconsidere su postura si ve el más mínimo indicio», señaló la consellera.
En la práctica, el Govern no puede modificar ya sus conclusiones provisionales y no podría cambiar su petición de que Matas sea absuelto hasta el trámite de conclusiones definitivas que cierra el juicio oral. En el hipotético caso de que se produjera un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Matas, no tendrían capacidad para decir nada.
Rédito electoral
En su escrito de calificación, el fiscal Pedro Horrach, describe cómo Matas decidió de «forma unilateral» presentar un gran proyecto de obra de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2007. Para eso contactó en persona con el arquitecto Santiago Calatrava y acordó con él el pago de 1,2 millones a cambio del proyecto de ópera. A partir de ahí, el ministerio público describe en su escrito cómo se puso en marcha un procedimiento administrativo a través de una empresa pública para contratar al arquitecto en apenas dos meses. Horrach destaca que Matas pretendía favorecer sus intereses como candidato del PP con un «golpe de efecto durante la campaña», aunque «era consciente de la práctica imposibilidad material y económica del proyecto». Así, argumentan que no había un estudio económico, ni un presupuesto aproximado y se preveía utilizar unos terrenos que no son titularidad del Govern.
A lo largo del proceso administrativo, según la Fiscalía, Matas hizo patente su influencia para agilizarlo a través del entonces conseller Francesc Fiol. El fiscal describe cómo se presionó a técnicos para que hicieran informes que avalaban que el único arquitecto capaz de llevar a cabo el proyecto era Calatrava y cómo éste recibió la invitación para acudir al falso concurso un día después de que le hubiera sido adjudicado.
La presentación del proyecto se fijó para el 2 de mayo de 2007; cuatro días después de que Calatrava firmara el contrato. «Es materialmente imposible que en ese plazo Santiago Calatrava redacte el proyecto y construya las maquetas», añade. La presentación se frustró ya que la Junta Electoral impidió el acto por su cercanía a las elecciones tras una denuncia del PSOE. A pesar de eso se pagaron y tramitaron varios contratos menores vinculados a este acto.
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