El alquiler: cuestión de Estado

Ni en la cúpula socialista hay consenso respecto de una legalización que tendría consecuencias peligrosamente inciertas para la isla de Eivissa. Sin ir más lejos, el presidente del Consell Insular, Vicent Torres, reconoció esta misma semana que la regulación del sector no garantizaría una bajada en el precio de los alquileres, desorbitados hoy en día para el grueso de la población.

La máxima institución insular ha lanzado una ambiciosa campaña para perseguir la comercialización de pisos turísticos en internet y otros medios de difusión. Su plan de choque consiste en informar con previo aviso a 4.500 de estos presuntos infractores de que se les vigila; un movimiento que pretenden provoque un efecto disuasorio. Sin embargo, ¿qué evidencias podrán constatar los inspectores si el inquilino del piso en cuestión, alquilado a turistas, les impide la entrada?

Lo que está claro y diáfano es que autorizar una mezcla entre turistas, residentes y trabajadores en un mismo bloque sólo traerá enfrentamientos, además de agravios comparativos entre quienes declaren su actividad y garanticen un buen servicio y quienes mantengan su oferta ilegal.

Luego está la propuesta de algunos ayuntamientos y consells –idea que baraja el Govern– que plantean la posibilidad de distin- guir claramente en sus planeamientos urbanísticos las zonas turísticas (en Sant Josep sería, por ejemplo, Platja d'en Bossa), donde sería legal comercializar estos alquileres, y las zonas residenciales, donde estaría prohibido. Se admiten apuestas.