R.I.12/05/16 0:00
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, dirigido por la magistrada María Luisa Bustillo, ha acordado el sobreseimiento y el archivo de la causa conocida como Park Control por la que estaban siendo investigados, entre otros, representantes de la antigua empresa adjudicataria de la zona azul del municipio y los miembros de la junta de gobierno de la exalcaldesa Lurdes Costa, así como a una concejala de una legislatura anterior y al que entonces era el interventor municipal, según informó ayer el Ayuntamiento de Vila.
Esta decisión se produce después de que la Fiscalía haya manifestado en dos ocasiones procesales diferentes que no está «justificada la perpetración del delito» que motivó la formación de la causa y después de que el particular, Josep Maria Molins, que impulsó la investigación y el Partido Popular hayan declinado presentar escrito de acusación, han apuntado.
El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa manifestó su «satisfacción» por esta decisión, «con la que se pone fin a una situación que siempre se ha entendido que era injusta para las personas involucradas».
«Las diferentes imputaciones recayeron sobre funcionarios y políticos que tomaron decisiones amparadas en informes técnicos y, por tanto, nunca de forma arbitraria o con el objetivo de favorecer a nadie. Como siempre se ha explicado, cualquier decisión municipal se puede discutir y terminar dirimiendo en el tribunal contencioso administrativo pero dar el paso de hacer acusaciones de carácter penal sin tener ninguna prueba al respecto es muy grave y perjudica la imagen de la institución y las personas que la representan», señalaron desde el Consistorio.
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Vila considera una «excelente noticia que se pueda cerrar este capítulo y se restituya totalmente el honor de las personas que se han visto involucradas en esta situación».
Condonación
El juzgado abrió diligencias previas en 2010 por la denuncia de Molins contra la empresa Park Control 2000 SL, por un presunto delito de apropiación indebida o malversación de fondos públicos por la condonación de 412.000 euros en concepto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Después, la causa se amplió con la personación del grupo municipal popular, que puso en duda un acuerdo de la junta de gobierno que estimaba parcialmente las alegaciones de Park Control respecto de las cantidades que debía abonar al Ayuntamiento.