El consistorio ha informado hoy en una nota de prensa de que ha puesto en conocimiento del Consell de Eivissa a la existencia de este poblado, ya que sospecha que se utilizaba para el alquiler turístico ilegal.
Ante la magnitud del asentamiento y la gran variedad de elementos a inspeccionar, el dispositivo, organizado por los servicios jurídicos municipales, ha contado con la Policía Local, personal de Medio Ambiente y de Urbanismo del Ayuntamiento, y agentes del Seprona.
Durante la intervención también se descubrió una plantación de marihuana con una quincena de ejemplares.
El asentamiento "suponía un grave riesgo para el medio ambiente", según el consistorio, ya que en el lugar se encontraron acumulaciones de residuos y los elementos potencialmente peligrosos. "Había numerosos puntos que podían ser el foco de un incendio forestal muy grave al haber personas cerca y encontrarse dentro de una zona frondosa y de difícil acceso considerada ANEI", ha informado Santa Eulària.
El ayuntamiento hizo una primera revisión a principios de abril y detectó una docena de infraviviendas de todo tipo, algunas de ellas, aprovechaban viejas caravanas.
Muchas tenían conexión eléctrica ilegal "en medio del arbolado y sin ninguna medida de protección". También había baños públicos sin conexión a la red, así como generadores, vehículos abandonados, salidas de humos cerca de los árboles y bombonas de butano en diferentes lugares.
Además, se descubrió que este poblado contaba con un pequeño local para ofrecer comidas y bebidas, que actuaba como cantina para los residentes.
El poblado se había levantado cerca de una propiedad con una vivienda de obra que presentaba algunas modificaciones sin licencia, y que tenía en su entrada una placa de vivienda turística, por lo que se ha dado trasladado al Consell para que verifique su legalidad.
Por orden municipal, el propietario del terreno tiene que retirar ahora todos los elementos ilegales o peligrosos. En caso contrario, lo hará el consistorio y después le pasará la factura.
Al mismo tiempo se han iniciado procedimientos para determinar la responsabilidad por las posibles infracciones medioambientales y urbanísticas detectadas, y se ha dado traslado al Govern para que estudie si el caso debe ponerse en manos de Fiscalía para determinar si hay un delito contra el medio ambiente.
Según el consistorio, la denuncia por la existencia de este poblado llegó el julio de 2014 a la Conselleria de Medio Ambiente del Govern, que ya documentó esta situación.
Sin embargo, el expediente no tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento hasta el pasado día 21 marzo.
Santa Eulària ha señalado que la Conselleria de Medio Ambiente no participó en la operación por carencia de personal.
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