En caso de que el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears confirme el fallo, el consistorio tendrá que volver a sacar a licitación la gestión, que incluirá el coste de la obra ya realizada, sin descartar la inclusión de más servicios funerarios. «Lo que se adjudicó fue el servicio exclusivamente de incineración, si el recurso de apelación no va para adelante el Ayuntamiento se verá obligado a sacar un nuevo contrato de gestión del crematorio y se analizará la viabilidad para incluir nuevos servicios», entre los que el alcalde incluyó el de «tanatorio, preparación y traslado, es decir, todo lo que hace referencia a un servicio funerario completo».
Recurso de Pompas Fúnebres
La sentencia del juez del Tribunal Contencioso Administrativo número 3 de Palma es fruto del recurso presentado por la empresa Pompas Fúnebres Ibiza, una de las tres que se presentó al concurso público y cuya propuesta fue desestimada. El juez considera que ninguna de las tres ofertas presentadas a la licitación municipal cumplía los pliegos de condiciones administrativas y técnicas.
El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, quiso destacar que durante todo este proceso la actividad del crematorio continuará. Esta instalación comenzó a funcionar hace un mes y tiene capacidad para realizar 1.500 incineraciones al año, el doble de las que se llevan a cabo en la isla de Eivissa en la actualidad. Las obras del crematorio empezaron en mayo de 2015 y tuvieron un coste de 600.000 euros aproximadamente.
LA NOTA
Marí no descarta denunciar a la concesionaria del parquin
En el pleno extraordinario de ayer se decidió, con la abstención del PSOE y los votos a favor de PP y Guanyem, paralizar el procedimiento de resolución de la concesión del parquin subterráneo del Passeig de la Pau para solicitar un informe al Consell Consultiu que avale o no la rescinsión del contrato. Un trámite administrativo que se lleva a cabo después de que la concesionaria haya presentado alegaciones al proceso de resolución y que viene recomendado por un bufete de abogados externo. No obstante, el Ayuntamiento no descarta reclamar judicialmente al concesionario por sus reiterados incumplimientos.
«En el informe jurídico que hemos pedido hay cuestiones que pueden obligar al ayuntamiento a emprender otras acciones judiciales contra el concesionario», explicó Vicent Marí.
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