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El Partido Popular mostró ayer en el pleno de Sant Antoni su «total rechazo» a la creación de la plaza de director técnico de seguridad, puesto que ocupa desde hace dos meses Ángeles Gallardo, al considerar que el equipo de gobierno está «incumpliendo» el plan de ajuste económico municipal.

La popular Lidia Prats aseguró que para hacer frente al sueldo de casi 60.000 euros de la nueva directora «se perjudicará al resto de funcionarios ya que agota su masa salarial». La regidora de Interior, la socialista Aida Alcaraz, dijo al respecto que es «mentira» y que el salario se afronta «con la amortización de algún otro puesto». Además, negó que esta figura «usurpe» las funciones del jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, ya que sus funciones «son de asesoramiento», según apuntó.

La regidora de Interior espetó a los populares que «no son los más indicados para dar lecciones a nadie», antes de detallar hasta cuatro cargos de confianza nombrados por el PP entre 2007 y 2010 –jefe de prensa, gerente de deportes, jefe de policía e ingeniero de caminos, canales y puertos– cuyas fichas de RPT (relación de puestos de trabajo) o no se cumplimentaron o se hicieron tiempo después.

Cuestionada por el retraso para presentar el currículo de Gallardo ante el pleno, la regidora de Interior aseguró que lo tiene en su posesión «desde la primera reunión» que mantuvo con ella y que lleva 10 días colgado en el Portal de Transparencia de la página web del consistorio. «Puede acceder a él cualquier ciudadano, cosa que no pueden hacer con los suyos [los del grupo popular] porque todavía no los hemos recibido, sólo el del señor Andrés», respondió Alcaraz.

El grupo popular preguntó, asimismo, por la ausencia de agentes de policía en las entradas y salidas de los centros escolares. Alcaraz explicó que las actuaciones se realizan en función del número de menores expuestos, la peligrosidad de las vías y la disponibilidad de los agentes. Atendiendo a estos criterios, el orden de atención a los centros es Ses Variades, Trinitarias, San Rafael, Quartó de Portmany, Sa Serra, Can Coix, Can Boned, Vara de Rey, Santa Agnès, Sant Mateu y Buscastell.

También en materia de seguridad, el grupo popular pidió explicaciones sobre los «macrobotellones» que al parecer atraen a jóvenes de toda la isla. Alcaraz señaló que es un problema «histórico» y que «viene de lejos». «Entiendo su preocupación porque yo ahora lo estoy padeciendo dadas las dimensiones que tiene», admitió, antes de explicar que se intentarán evitar las concentraciones de jóvenes y se procederá a multar a aquellos que estén bebiendo en la vía pública.

Proyecto de ley

Durante el pleno, en el que se aprobaron los presupuestos para 2016, el grupo popular sacó adelante, con los votos favorables del PI y la abstención de Reinicia, una propuesta para la tramitación en el Parlament del decreto de urbanismo como un proyecto de ley, «a fin de poder debatir y consensuar al máximo una normativa que permita una mayor seguridad jurídica y permanencia en el tiempo».

Por otra parte, sobre la petición de que el ayuntamiento aproveche 1'9 millones de euros para realizar inversiones en vez de destinarlos a amortizar la deuda con la empresa del servicio de limpieza (FCC), el alcalde José Tur ‘Cires' recordó que el contrato con la empresa lo firmó el propio Sala en 2006 y obliga al consistorio a «abonar el valor residual de la inversión pasando la instalación de la propiedad al ayuntamiento». Recordó a la oposición que no amortizar esta deuda «daría ventaja a la empresa concesionaria frente al resto» en el próximo concurso público para la concesión de este servicio.

Cires también se refirió a los trabajos de limpieza en la zona portuaria, que son competencia de Ports y que desde 2014 efectúa el ayuntamiento, y se comprometió a «pasar la factura», de unos 1.000 euros mensuales.

Antitaurino

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sant Antoni sacó adelante, con la abstención del PP, la declaración de municipio antitaurino y amigo de los animales. El consistorio no quiere que se celebren corridas de toros ni otros espectáculos en los que se mate o se infrinja «el estrés psicofísico de un animal».

La moción se trasladará al Parlament balear y a la federación de entidades locales, así como a las asociaciones que trabajan por el bienestar de los animales en Balears. Además, Sant Antoni instará en el Parlament a modificar la Ley de protección animal del 8 de abril «para prohibir la tauromaquia» en las islas. También pedirá al Gobierno del Estado la eliminación de las ayudas públicas a la tauromaquia y que se retire la declaración de Bien de Interés Turístico a todos los espectáculos en los que se maltrate a animales.

EL AMBIENTE

¿Quién la tiene más grande, Valdés o Sala?

Los ‘nuevos' políticos emplean en ocasiones una jerga popular a la que no están demasiado acostumbrados los ‘clásicos' (vamos a huir de la palabra casta). Tras un intenso tira y afloja entre Pablo Valdés (Reinicia) y José Sala (PP) sobre qué legislación obliga a tener dos socorristas por playa, si la de 2005 o la de 2015, el concejal de Medio Ambiente concluyó el careo proponiendo al exalcalde ‘bajarse los pantalones' para ver «quién la tiene más grande». El chascarrillo encontró lo que quizá buscaba, los aplausos de parte del público, pero no zanjó una problemática que admitió el propio Valdés. Sin embargo, al biólogo le enojó que desde el PP se alertara públicamente de que ahora las playas del municipio son «inseguras». Valdés calificó estas acusaciones de «irresponsables» y recordó que el contrato firmado para este servicio concluye este año. No obstante, reconoció que este verano la situación en las playas será «en el peor de los casos», igual a la de años anteriores. Por lo demás, el pleno de ayer dejó imágenes tan simpáticas como la de Ángel Yern El niño de Formentera , quien ataviado con un capote solicitó, sin éxito, que se preserven las «tradiciones» (¿?) taurinas del municipio.

Reprueban la plaza de director de seguridad de Sant Antoni

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