Según GxF, «esta delimitación afecta a todo el pueblo de Formentera, ya que la modificación del deslinde del dominio público marítimo terrestre desprotege el sistema dunar, hace edificable gran parte del litoral, privatiza del todo las salinas, que hasta ahora eran un bien, en buena parte, público y pone en peligro equipamientos públicos tales como vallas, pasarelas y aparcamientos, que pasan en muchos casos a ser propiedad privada».
Para el partido mayoritario en el equipo de gobierno en el Consell Insular de Formentera, «esta decisión tan relevante para nuestra isla se ha tomado desde el Ministerio a instancias del PP de Formentera, de espaldas al Consell Insular y la Evaluación Ambiental Estratégica, y con nocturnidad y alevosía, en plena temporada alta para intentar evitar la atención de agentes políticos y sociales», y añaden que «la modificación vulnera de lleno el Acuerdo por una Delimitación Justa promovido por la Plataforma de Afectados, firmado en 2006 por todos los partidos políticos y los agentes sociales de Formentera».
Dicho acuerdo se centraba en dos peticiones: la restitución de la propiedad de las edificaciones a los ciudadanos afectados y el mantenimiento de la protección territorial. «La modificación del deslinde del dominio público marítimo terrestre es un incumplimiento flagrante de esta segunda condición por parte del Ministerio, una petición que fue ratificada por el Pleno del Consell del 31 de octubre de 2012», incluye el comunicado.
Sobre este asunto, Gent per Formentera «reafirma su compromiso con el interés general y su apoyo a los afectados, como se ratificó en el acuerdo de 2006, por encima del mercadeo electoralista con que los han tratado tanto PP como PSOE a lo largo de todos estos años y pedimos a todos los firmantes el regreso al consenso con el fin de aplacar una amenaza territorial de consecuencias imprevisibles».
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