Asimismo, la diputada parlamentaria ha señalado que “nadie recurrió la resolución que autorizaba la utilización del producto porque es legal y obligada”. También ha explicado que las actuaciones realizadas “no son masivas como dicen, solo se han realizado de manera puntual y selectiva en las zonas de nivel 3”. “Ni Europa, ni España ni ninguna persona con sentido común aceptaría la utilización de este producto si peligrara la salud de las personas”, ha añadido.
Por otra parte, Marí ha recordado que “desde el año 2008 se han incrementado las zonas afectadas por procesionaria. Tenemos 87.000 hectáreas afectadas fruto de actuaciones políticas anteriores”.
Para finalizar, la diputada ha defendido la responsabilidad del Govern y ha señalado que “nos reafirmamos en que lo que se ha hecho es lo correcto: actuar de forma decidida contra la plaga”.
Seguridad alimentaria
Por otro lado, el GPP ha apoyado la enmienda presentada por el Grupo Socialista, en la que se insta al Govern a intensificar el cumplimiento del decreto en el que se establecen normas para el control sanitario de animales de la especie porcina que se destinan al consumo privado, que ha sido aprobada por el Parlament.
Por el contrario, la moción presentada por el Gurpo Parlamentario MÉS relativa a la seguridad alimentaria, ha sido rechazada por el Parlament. Respecto a ello, el diputado del Grupo Popular, Fernando Rubio, ha señalado que “los hechos demuestran que los controles llevados a cabo funcionan, ya que la inmensa mayoría de los animales positivos son diagnósticos antes de su llegada a la cadena alimentaria”. Asimismo, ha añadido que “todos los casos detectados provienen de campañas de saneamiento ganadero. Debido a ello, en las que, cuando son descubiertos los positivos, se sacrifican todos los animales que pudieran haber convivido con animales seropositivos que no enfermos”.
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