Torres explicó que la primera propuesta se refiere «al drama social de las ejecuciones hipotecarias» y destacó que los decanos «comparten en su totalidad» el informe que elaboraron siete magistrados contra la actual legislación hipotecaria que, cabe recordar, que aún no ha sido aprobado por el Consejo del General del Poder Judicial (CGPJ). «Los jueces decanos compartimos en su totalidad el informe, que está en fase de estudio, y que señala que desde el año 2008 se han iniciado 350.000 ejecuciones hipotecarias en España, un drama social que lleva a la exclusión de familias, que tras haber perdido el trabajo y sufrir una drástica reducción de sus ingresos, quedan en el umbral de la pobreza», aseguró Torres.
Según el magistrado, «existe margen para suavizar la regulación de la ejecución hipotecaria cuando concurran circunstancias excepcionales» y, por ello, «son varias las medidas a estudiar»: «La ampliación del código de buenas prácticas, la elevación del porcentaje por el que los bancos se adjudican los inmuebles tras la subasta, que hoy es el 60%, así como la tasación por profesionales independientes al banco» para evitar que a la hora de conceder el crédito la tasación sea «muy alta» y por el contrario, muy rebajada, en el momento de la ejecución hipotecaria, explicó.
Entre las propuestas, se cuenta la concesión de moratorias o periodos de carencia, que ya estudia el Gobierno «como una de las soluciones de urgencia». Sin embargo, los decanos piden también que un juez tenga facultad para «dimensionar» estos plazos, teniendo en cuenta las situaciones particulares de cada deudor hipotecario.
Según Torres, los jueces «se han mojado y se han pronunciado avanzando algunas soluciones». «Lo demás ya entra en el tema de la decisión política», destacó el magistrado, que recordó que «habrá que esperar al viernes al pacto entre PP y PSOE».
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