Los empresarios de rent a car ultiman acciones judiciales contra la ley de los taxis piratas

IBIZA REUNION CONSELL Y AYUNTAMIENTOS CON RENT A CAR COCHES DE ALQUILER TAXIS PIRATAS

L. AversaEivissa06/09/12 0:00

Los empresarios de rent a car de la Petita i Mitjana Empresa (Pimeef) no confían en que el Consell pueda convencer al Govern balear para que cambie el decreto ley que les hace responsables subsidiarios de los taxistas piratas. Por ello, el próximo jueves, socios y afectados se reunirán en la sede de Pimeef, para concretar los términos del recurso judicial que presentarán con el objetivo de lograr la derogación de la normativa ante los tribunales.

«El presidente [Vicent Serra] dijo que ahora cuando se abriese el Parlament, en septiembre, se iba a retomar el tema, pero yo tengo mis dudas, porque si en una primera reunión nos dijeron que iban a hacer lo posible por ayudarnos, y luego esa predisposición se quedó en nada, no quisiera confiar otra vez y que pase lo mismo», aseguró el presidente de los rent a car de Pimeef, Juan Cárdenas. «Yo creo que ya nos hemos reunido bastante, que hemos hablado bastante y que si no ven que tomamos acciones legales la ley se quedará ahí y se modificará cuando se tenga que cambiar, si es que se modifica», agregó el representante de lo empresarios.

La demanda judicial la encabezará Pimeef porque aunque las otras asociaciones de rent a car también anuncian recursos no están tan afectadas porque son de carácter balear. «El problema lo tenemos en Eivissa, y los que tenemos que dar la cara y hacernos oír somos nosotros», destacó Cárdenas.

Sin embargo, desde la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab), su presidenta, Sonia Ribas, también anuncia la interposición de un recurso. Según Ribas, su denuncia está motivada porque el decreto «roza la ilegalidad».

Un poco más de esperanza, aunque sea mínima, tiene la Asociación de alquiler de vehículos sin conductor en Baleares (Baleval). «Hasta última hora se va a estar intentando agotar el diálogo, y si podemos evitar emprender acciones legales, desde luego que ésa es nuestra idea. Pero claro, tanto el tiempo como nuestra paciencia se están agotando, porque hemos estado junio, julio y agosto tremendamente afectados por este tema», aseguró su vicepresidente Elías Escandell.

Cabe recordar que el decreto obliga a las empresas a pagar una multa de entre 6.000 y 12.000 euros, o un aval de 3.000 euros, para recuperar los coches de su propiedad que hayan sido retenidos como taxis pirata.

A fecha 21 de agosto, de los 147 vehículos retenidos hasta el momento en toda la Isla, un 30%, es decir, 45 coches, eran de alquiler.