Los ayuntamientos destinan un 25,8% de su presupuesto a prestar servicios que son competencia de otras administraciones y por los que no reciben financiación alguna.
La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha encargado un estudio que arroja este dato concreto sobre la insistente queja de los ayuntamientos sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación local. El trabajo fue realizado por la Diputación de Barcelona y el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), y toma como muestra los años comprendidos entre 2004 y 2007.
Entre otras conclusiones, el estudio destaca que en los ámbitos en que más gastan los municipios supliendo a otras administraciones son seguridad y protección civil, cultura y servicios sociales.
En la isla, los consistorios carecen de un cálculo sobre sus gastos no obligatorios aunque destacan que son necesarios para los ciudadanos. En algunos ayuntamientos coinciden con el estudio sobre la finalidad de los mismos, ya que sus inversiones no obligatorias también se destinan a seguridad, educación y servicios sociales.
Sant Antoni y Sant Josep
Éste es el caso de Sant Antoni, según explicó su concejal de Hacienda, Joan Pantaleoni. «Estamos asumiendo mucha cesión en educación que no tendríamos que hacer. La cesión de un terreno para construir un colegio se hace porque se necesita, pero lo lógico y coherente sería que la Conselleria d'Educació comprara un solar», indicó Pantaleoni, que también apuntó que en este municipio, en materia de seguridad y de servicios sociales, se están cubriendo muchas funciones «que no corresponden» al Consistorio.
«Siempre se habla de reformar la ley de financiación local pero nuca se llega a hacer y, al final, los ayuntamientos, que somos los más cercanos a los ciudadanos, recibimos sus quejas, pero no hemos sido dotados convenientemente para atender a una serie de competencias que nos han adjudicado y que no financian», indicó.
Por su parte, la concejala de Hacienda de Sant Josep, Paquita Ribas, afirmó que este estudio se debe a «que la FEMP está gestionando la nueva financiación de las entidades locales» y se mostró esperanzada de que la nueva ley pueda salir adelante en 2012, ya que era una promesa del Gobierno para esta legislatura.
Asimismo, Ribas apuntó la dificultad que encuentran los ayuntamientos «para separar exactamente los gastos que son obligatorios de los que no». «En educación, si nos fijásemos punto por punto pagamos alguna cosa que tendríamos que pedirle a la Conselleria, pero a nosotros nos interesa que nuestros colegios funcionen, por tanto gastamos algo más», señaló, aunque destacó la necesidad de que otras administraciones «reconozcan lo que estamos haciendo por nuestros vecinos y nos lo ingresen».
Los municipios destinan el 25% de su presupuesto a gastos no obligatorios
La FEMP realiza un estudio sobre los servicios que prestan los ayuntamientos y que deberían dar otras administraciones
Eivissa25/04/11 0:00
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