La administración de Grupo Playa Sol tramita la entrada de un grupo inversor en la cadena hotelera

Los administradores judiciales de la cadena hotelera Grupo Playa Sol, Salvador Fornés y Javier Perelló, están tramitando la entrada de un grupo inversor en la empresa con el fin de poder hacer frente a los pagos previstos.
Al parecer, y según fuentes judiciales, los administradores de GPS deben aún concluir algunos trámites, que no especificaron, para poder presentar el contrato con este grupo inversor, que podría ser catalán, aunque este punto no está confirmado.
Así, una vez que se hayan presentado todos los documentos requeridos por el Juzgado de Instrucción número 4, encargado de la causa abierta contra el propietario Fernando Ferré, y de realizar el seguimiento a los administradores judiciales, el magistrado Santiago Pinsach deberá analizar y decidir si se acepta o se deniega la propuesta de Salvador Fornés y Javier Perelló. Según fuentes judiciales, la decisión final no se determinará de forma inmediata, ya que se debe estudiar de forma detallada, según indicaron.
Perelló, por su parte, prefirió ayer no hacer declaraciones hasta conocer la decisión que tome el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa. De hecho, aseguró que la próxima semana dará a conocer la situación de la empresa.
El pasado 26 de junio en una reunión que se celebró en el Consell d'Eivissa en la que participaron los abogados del sindicato UGT, el despacho Capella Pomar & Martos Abogados, apuntaron que, por aquel entonces, los activos de Grupo Playa Sol rondaban los 320 millones de euros mientras que los pasivos, es decir, las deudas acumuladas tras la gestión de Fernando Ferré, oscilaban entre los 250 y los 300 millones de euros.
De hecho, a lo largo de toda la temporada turística, la administración judicial se vio obligada a pedir préstamos, tanto al Crédit Balear como a Bancaja, para hacer frente no sólo al pago de las nóminas del millar de trabajadores de la empresa, sino también a los proveedores de los hoteles.
Y es que, desde la salida de Ferré de la empresa, cuando fue detenido en junio del pasado año, la administración judicial se ha visto obligada a sanear la empresa acometiendo las obras necesarias para legalizar los establecimientos que acumulaban expedientes sancionadores y órdenes de cierre y regularizando la situación laboral de todos los trabajadores contratados.