Así lo informó el conseller de Presidencia de Baleares, Albert Moragues, tras presidir el VI Encuentro entre CCAA para el desarrollo de sus Estatutos de Autonomía que tuvo lugar hoy en Palma, y en el que también participaron representantes de los Gobiernos de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, así como los recién incorporados a estas reuniones de La Rioja y Castilla-la Mancha.
En segundo lugar, la declaración conjunta, que enviarán al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, reclama una revisión del reglamento del Senado para atribuirlo de nuevas funciones y fortalecer algunas de las existentes.
De esta manera, se permitirá la participación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en más asuntos como la tramitación parlamentaria de los tratados internacionales que tengan trascendencia autonómica, la potenciación de los grupos territoriales o el avance hacia una especialización de la Cámara Alta en la función de control del Ejecutivo central sobre los temas autonómicos.
Además, el documento defiende la necesidad de estudiar la posibilidad de modificar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con el fin de establecer la comunicación necesaria en el Senado de los acuerdos que adopten los órganos de coordinación entre el Gobierno y las CCAA.
INTERFERENCIA EN LAS COMPETENCIAS DE SUBVENCIONES
En el encuentro acordaron otra declaración institucional sobre la incidencia de la actividad subvencional del Estado para que ésta sea «respetuosa» con el sistema de distribución competencial y «no interfiera en nuestras competencias».
Moragues reveló que hoy también se aceptó la petición de ingreso de las comunidades de Galicia, País Vasco y Madrid, de manera que se integrarán en el próximo encuentro que se desarrollará en La Rioja y en el que «se espera» que acudan los presidentes autonómicos.
Por otra parte, se formalizaron diferentes convenios, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2011, en materia de juventud, extinción de incendios y responsabilidad penal del menor, y se acordó abrir líneas de trabajo conjunto para unificar protocolos de funcionamiento en sanidad.
RESPONSABILIDAD DEL MENOR, INCENDIOS Y JUVENTUD
Así, en cuanto a responsabilidad penal, cabe destacar que las comunidades podrán trasladar al menor a un centro ubicado fuera de su territorio cuando se acredite que su domicilio está en una autonomía distinta a la que le corresponde al juzgado. También se permitirá el traslado cuando el entorno del menor le perjudique. No obstante, a este acuerdo no se adhirió Cataluña porque su sistema presenta diferencias respecto al resto de territorios.
El convenio en extinción de incendios establece que las CCAA organizarán de manera coordinada programas específicos de concienciación, realizarán cursos y colaborarán a la hora de aportar materiales humanos y económicos en la extinción de incendios.
En materia de juventud se coordinará las actividades e instalaciones juveniles, con la excepción de los albergues, de manera que cada territorio reservará un porcentaje de plazas para los usuarios del resto de Comunidades firmantes del convenio.
ADELANTO DE ELECCIONES
Preguntado sobre la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas, el conseller de Presidencia señaló que no abordaron este tema durante el encuentro. «Es una posibilidad estatutaria» pero el presidente del Govern, Francesc Antich, «ha reiterado que no piensa hacer uso de ella», recordó.
En cuanto al hecho de que algunas CCAA hayan anunciado el inicio de la tramitación de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para las corridas de toros, el conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, indicó que la reunión de hoy tenía por objetivo dar soluciones a las problemáticas de los ciudadanos y no «entrar en otro tipo de polémica». «Cuestiones de esta índole no entran en el orden del día», apuntó.
El encuentro celebrado hoy en el Caixaforum de Palma es el sexto tras los celebrados en Zaragoza -julio de 2008-, Sevilla -octubre de 2008-, Valladolid -febrero de 2009-, Valencia -junio de 2009- y Barcelona -noviembre de 2009-. En el último de ellos las seis comunidades que formaban parte entonces acordaron reclamar al Gobierno que emprendiese las reformas legislativas necesarias para tener representantes en el Consejo Económico y Social y en el Consejo de Radio y Televisión Española.
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