Denuncian que el recorte de psicólogos para emergencias pone en riesgo a las víctimas

Los psicólogos que, hasta el pasado sábado, prestaban el servicio de atención en emergencias en las Pitiüses denuncian que el nuevo convenio para desarrollar esta cobertura, firmado por la Conselleria de Justicia y Cruz Roja, supone «una irresponsabilidad y una inconsciencia que puede tener consecuencias irreversibles». Según defendieron, el cese del servicio que se prestaba a través de un convenio del Govern con el Colegio Oficial de Psicólogos de Balears (Copib) representa «aceptar que, con supuestas fórmulas que aparentan 'abaratar' los costes, se improvise y experimente con la salud psíquica de los ciudadanos».
Para los siete especialistas que prestaban hasta ahora la atención en caso de accidente u otra emergencia, causa «sorpresa» que «la nueva entidad adjudicataria del servicio se haya prestado a este juego adquiriendo unos compromisos que, desde luego no puede asumir con los mismo criterios de efectividad, eficacia y calidad en el servicio con los que actualmente se está trabajando».
Otra de las quejas es que los nuevos profesionales que asistirán este servicio no han mantenido reuniones previas de coordinación ni han recibido la formación específica que a ellos se les ha venido exigiendo desde 1998, cuando se inició el servicio.
Cifras económicas
Los afectados por la cancelación del convenio con el Copib aseguran que sus quejas no están motivadas por una cuestión económica ya que, defienden, el coste que suponía la Govern la cobertura anual de este servicio en Balears era de 137.000 euros, «las 24 horas del día, los 365 días del año, activables directamente desde el 112, con cuadrantes mensuales predefinidos y con un tiempo de respuesta máximo de 30 o 45 minutos». «Con esta asignación económica [los 137.000 euros] es imposible mantener en plantilla la treintena de psicólogos necesarios para garantizar estas condiciones para toda la Comunitat», afirman.
Añaden que, con esta partida económica, resulta imposible «dedicarse en exclusiva a esta actividad» y que, incluso, los participantes en el programa debían pagarse los gastos como autónomos de la Seguridad Social.