Sant Joan aprueba sus Normas Subsidiarias cuatro años después

El Ayuntamiento de Sant Joan aprobó ayer por unanimidad y de forma definitiva su nueva normativa urbanística, que ahora deberá ser ratificada por el Consell para iniciar su período de vigencia.
Tras cinco años de tramitación, dos devoluciones por parte del Consell para incorporar modificaciones y dos exposiciones públicas con sus respectivas alegaciones, el Consistorio pudo dar su visto bueno al documento en el pleno de la Corporación, a la espera de que ahora la máxima institución lo considere como «el definitivo» ante «la necesidad de que el municipio cuente con una normativa que defina claramente los derechos de los propietarios», apuntó el alcalde, Antoni Marí Marí Carraca.
Según explicó Marí, las nuevas normas subsidiarias incorporan las «imposiciones» que diferentes administraciones han realizado al documento inicial, aprobado por primera vez en 2006, y que «recogía todo el trabajo de los diferentes equipos de gobierno que pasaron por Sant Joan en los últimos 20 años», y contaba «con la participación de todos», destacó. «Por lo tanto, aquellas eran nuestras normas, ahora estas son nuestras normas pero adaptadas a todas las circunstancias y modificaciones, que lamentamos», agregó Marí, en referencia a las prescripciones realizadas por Demarcación de Costas, la Comissió balear de Medi Ambient y la Comissió insular de Urbanismo y Patrimonio (Ciotupha), que restringen, en muchos casos, la posibilidad de edificar.
Cambios principales
En este sentido, cabe destacar que las normas recogen en primer lugar la franja de protección de la Ley de Costas, de 100 metros de extensión desde la costa hacia el interior y en todo el municipio. Un área de protección de la que quedan fuera las zonas urbanas turísticas consolidadas como son Portinatx, Port de Sant Miquel y la Cala de Sant Vicent, que tendrán una franja de protección de 20 metros. «Ha sido un trabajo de laboratorio», destacó el primer edil, ya que la primera intención de Costas era proteger en un área de 100 metros toda la costa de Sant Joan, incluso aquello que estaba consolidado antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988.
El texto también incluye las prescripciones de la Comissió balear de Medi Ambient hacia las zona de Na Xamena e Isla Blanca, y que tras «muchas negociaciones» podrán mantener el suelo consolidado, a pesar de que ahora muchos de los terrenos pasan a estar protegidos como ARIP, Àrea Rural de Interés Paisajístico, «porque así lo dice Medi Ambient y la Red Natura 2000», indicó Marí.
Lo mismo ocurre con Benirràs, indicó el alcalde, «otro problema no menos importante», ya que aunque el Tribunal Superior de Justicia de Balears había declarado válidas las licencias (de construcción) concedidas en su momento», la Ley Balear de Medidas Urgentes de Protección del Territorio prohibe construir en esta zona; «y las normas recogen lo que dice la ley», concluyó Carraca.
Otra cuestión proteccionista incluida en las normas es también «el cumplimiento de la ley de patrimonio, con la protección de todos los Bienes de Interés Cultural en su franja de 250 metros alrededor». Esto afecta a los pueblos de Sant Joan y Sant Vicent, casi en su totalidad, y en buena parte a Sant Miquel.