El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer de forma inicial y por segunda vez la adaptación al Plan Territorial Insular (PTI) de sus Normas Subsidiarias y de nuevo lo hizo sin el apoyo de la oposición. Un paso más en la tramitación del «nuevo urbanismo municipal», que empezó ahora hace más de un año con su primera aprobación inicial y un largo período de alegaciones en el que se recibieron 537 sugerencias. De esta forma, Sant Josep inaugura un nuevo período de alegaciones que se extenderá por 45 días, que continuará con una una nueva aprobación provisional y el visto bueno definitivo que deberá efectuar el Consell.

El concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, aseguró que gran parte del documento se ha «reescrito» a raíz de las alegaciones aceptadas, que sumaron más de 300, pero reiteró que los objetivos principales siguen intactos, como son «aumentar la protección del territorio y la calidad de vida de los ciudadanos» mediante «espacios públicos, zonas verdes y equipamientos».

Para ello, recordó que las normas no prevén espacios para la construcción de campos de golf ni puertos deportivos, y recortan «importantes extensiones de suelo urbano o urbanizable en las turísticas», como Cala Vedella, Cala Molí o Cala Tarida. Asimismo, reiteró que se establecen 900.000m2 de zonas verdes y más de 300.000 m2 para equipamientos públicos.

Crítica de la oposición

La portavoz del Partido Popular, Encarna Castro, criticó que las normas subsidiarias hubieran tenido tantas alegaciones. «Si han tenido tantas es porque no están tan bien hechas», aseguró Castro, quien destacó que el PP vota en contra de la normativa «por la incompetencia y por la manera nefasta de tramitarlas» del equipo de gobierno. En este sentido, Castro criticó que el Ayuntamiento vaya a inaugurar una nueva moratoria urbanística basándose en el último decreto del Govern, que permite a los Consistorios ampliar las moratorias hasta un período de cuatro años, «una ley a medida y en el último momento» para Sant Josep, se quejó Castro.

La portavoz aseguró también que esta nueva moratoria (un año más) perjudicará la concesión de licencias y «parará la obra privada». «Sant Josep volverá al tiempo de las algarrobas», concluyó Castro.

Por su parte, Prats recordó que con la moratoria no se detiene la concesión de licencias, sino que éstas se otorgan en base al nuevo y al viejo planeamiento. «Prueba de ello es que este año se han otorgado 300», destacó el edil. Asimismo, Prats aseguró sobre el decreto que permite ampliar la moratoria que el equipo de gobierno «hará cualquier cosa por dejar atrás las ley es del PP» e ironizó acerca el «poder de influencia» del Consistorio sobre el Govern para lograr una «ley a medida y en el último momento».

Por último, el concejal replicó la crítica sobre la gran cantidad de alegaciones, y recordó que durante la pasada legislatura el Partido Popular dejó un avance para la adaptación de la normativa que recibió un «centenar» de alegaciones, «de las cuáles se respondieron cero».

El concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, destacó que las normas aprovecharán la declaración de interés público que les otorgó la Comisión balear de Medi Ambient, y que implica que los informes que tienen que desarrollar sobre el documento otras administraciones implicadas, como pueden ser el Consell o la Conselleria de Medi Ambient, lo hagan en la mitad del tiempo. Asimismo, recordó que el decreto Nadal determina que si las otras administraciones no elaboran sus informes en el tiempo estipulado, se considera que el documento se valora de forma positiva.

Por último, cabe recordar que el Consistorio deberán responder a las nuevas alegaciones que se presenten en este segundo período de exposición pública.