S. P.vila, ibiza04/12/09 0:00
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El próximo 1 de enero, el Govern pasará a recaudar directamente los impuestos cedidos por el Estado referentes a las transmisiones patrimoniales, los actos jurídicos documentados y las sucesiones. El traspaso de estas funciones a la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) pondrá fin a la actividad de la Oficina Liquidadora de Eivissa y a su anexo de Formentera, lo que supondrá el despido de una decena de trabajadores, los cuáles ya han advertido que es previsible que haya graves retrasos en la formalización de pagos de impuestos y traspasos de bienes.

«Hay casos como las herencias en que en la Oficina de Eivissa mantenemos una media de 2,3 meses desde que el ciudadano trae los documentos hasta que se finaliza el expediente. En el caso de la oficina de la ATIB en Palma, que ya hace estos trámites, un informe del Ministerio de Hacienda dice que el retraso medio es de 1,3 años», apuntó Ignacio Landáburu, uno de los portavoces de los trabajadores junto a Antoni Palau.

El motivo es que, aunque el despacho de la ATIB en Eivissa contará con 15 personas, «el acceso a la plantilla se ha restringido a funcionarios del Govern, no importa de qué departamento, de forma que será personal sin formación específica y sin conocimientos suficientes para cumplir con los trámites en breve»., explicó Landáburu. «No estamos en contra de estas personas, seguro que son grandes profesionales, pero es lamentable que se desaproveche a personal formado y con una amplia experiencia», concluyó.

El cierre de la Oficina Liquidadora se comunicó formalmente a finales de octubre y, desde entonces, los trabajadores afectados han mantenido varias reuniones con los responsables de la ATIB y con la consellera d'Interior, Pilar Costa, responsable de Funció Pública. «Desde la Agència Tributària nos ofrecían un día buenas palabras, que harían todo lo que estuviera en su mano, y al siguiente publicaban una orden por la que las plazas de su oficina sólo eran accesibles a funcionarios de carrera del Govern», apuntó Landáburu. Su futuro laboral, resaltan los trabajadores, es complicado «puesto que somos gente con hasta 32 años de experiencia, muy especializados, que únicamente podríamos tener alguna opción en una gestoría, pero poco más», añadió.