El juez multará al alcalde de Sant Josep si no procede al derribo de los apartamentos Residencial Cala Pinet

Se trata de una sentencia del Tribunal de Justicia de Balears (TSJB) que data del 2006, y cuya resolución hace referencia a un problema entre una promotora urbanística y un vecino que acusa a la empresa de invadir su propiedad al incumplir el retranqueo. Ese año, el TSJB pidió al Ayuntamiento que actúe «con la máxima celeridad y urgencia» y se «pronuncie respecto a la reposición y demolición en su caso de la parte que invade la finca vecina».

En este sentido, ahora el Juzgado de lo Contencioso asegura que de incumplirse el plazo de cuatro meses para «la restauración de la legalidad infringida», se procederá a «la compulsión coercitiva sobre la persona del alcalde y demás miembros del Consistorio que lo incumplieren» mediante «multas pecuniarias sobre su patrimonio particular» de mil euros mensuales los tres primeros meses y a razón de setecientos semanales, transcurrido el primer plazo.

Sant Josep recurrirá

Desde el Consistorio explicaron ayer que presentarán el recurso de apelación debido a que «la sentencia no decía que había que demoler». Asimismo, el alcalde Josep Marí Ribas, Agustinet, explicó que hace unos meses desde el Consistorio remitieron al Juzgado una consulta para restablecer la legalidad de el caso, de la que sólo obtuvieron por respuesta este auto sobre las multas. Además, desde el Ayuntamiento destacan que el inmueble está habitado, por lo que «habrá terceros afectados».

Un pleito histórico

La historia comienza, según una portavoz del Ayuntamiento, con una licencia municipal otorgada en 1988 para construir este edificio. Según detalla, debido a la crisis de 1991 la promotora paraliza la obra y negocia con el vecino para «cederle un trozo de terreno». Cuando continúa la obra a manos de otra promotora, el vecino decide interponer una denuncia argumentando que el edificio incumple el retranqueo. «En primera instancia pierde pleito, y luego, en la segunda instancia, contra la que ya no cabe recurso lo gana. Algo que nos dejó perplejos a todos», explica la portavoz. «La sentencia dice que hay una infracción urbanística pero no dice nada de demolición», agrega, y detalla que para entonces, «los apartamentos se habían vendido».

Según Agustinet, para cumplir la decisión judicial el Ayuntamiento pidió un informe al Consell que recomendó «que se volviera al origen del problema». «Es decir, deshacer la segregación de la parcela», detalló el alcalde, quien agregó que este es el motivo de la consulta que se remitió al Juzgado, «que antes de responder nos envía esto», se quejó sobre el auto de las multas.

Con respecto a la sentencia sobre las multas, el alcalde Josep Marí Ribas 'Agustinet' aseguró que «habrá que asumirla y acatarla» pero destacó que hará «jurídicamente todo lo que pueda para detenerla». «Porque pensamos que tenemos razón y que estamos en una cierta indefensión. Creo que nosotros también debemos exigir que los servicios judiciales que se nos conteste y ésta es la línea que nosotros seguiremos», explicó el alcalde, quien aseguró que no está nada «contento» de que le vayan a multar por algo de lo que «no somos culpables».