S. PARRAEivissa02/12/09 0:00
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El veto absoluto a la implantación de grandes superficies comerciales implantado en 2005 tiene los días contados. La llegada de tiendas como Zara, El Corte Inglés, Mercadona o Carrefour dejará de ser una quimera y pasará a depender de la voluntad de la propia empresa, de que no supere los 400 o los 200 metros cuadrados (si quiere instalarse en Eivissa o Formentera) y de que su ubicación, instalaciones y proyecto se adapten a criterios de sostenibilidad del territorio o respeto al medio ambiente.

 

El director general de Comerç, Pere Trías, destacaba ayer que la normativa aprobada no es una 'barra libre' para la entrada 'a saco' de las grandes empresas de distribución, lo que pondría en serio peligro el comercio tradicional. «Se pasa de prohibir a regular, estableciendo que estos establecimientos no podrán implantarse más que en espacios urbanos consolidados y cumpliendo requisitos como que tienen aparcamientos suficientes o un certificado de eficiencia energética, entre otras medidas», apuntó Trías. «Se trata de requisitos que estas empresas suelen cumplir holgadamente», añadió.

 

Vinculado a las viviendas

Para evitar la creación de zonas o 'polígonos' comerciales en las afueras, se prohibe la implantación fuera de terrenos urbanos consolidados y se vincula la capacidad comercial de las zonas de crecimiento urbano a la población efectiva. La proporción será de 1 por cada 10, de forma que, por ejemplo, por cada 100.000m2 de uso residencial lucrativo (viviendas no de protección oficial), se podrán destinar 10.000 m2 a uso comercial minorista.

 

Las licencias se podrán pedir al día siguiente de la publicación en el BOIB de la modificación y podrán ser concedidas a pesar de que el Govern debe desarrollar en seis meses un reglamento y que los consells deben elaborar un plan director de comercio.

 

Este documento fijará «los ámbitos, sectores o polígonos para los cuáles se proponga la reordenación o reconversión urbanística», así como las «medidas de reconversión paisajística (...) respecto de los establecimientos no actualizados a la demanda y proponer su traslado a otros ámbitos más adecuados».

 

Las actuaciones también deberán ir encaminadas a ocupar zonas consolidadas de uso residencial o turístico, «atender la integración en la estrategia de evolución, movilidad urbana y ocupación del suelo para evitar su consumo», valorar los previsibles movimientos de personas y vehículos para estimar la capacidad de las infraestructuras y del transporte público para asumirlos, así como «prever la dotación de aparcamientos precisa». Por último, se reclamarán soluciones que garanticen la eficiencia energética, la accesibilidad y la integración en el entorno».