El Govern balear realizará un peritaje sobre el grado de urbanización y consolidación con el que cuentan los terrenos que protegió a través de la ley 4/2008: Benirràs, Roca Llisa, Punta Pedrera y Cala d'Hort.

La finalidad es comprobar la consolidación de los derechos urbanísticos que existen en estas zonas para saber si los propietarios tienen derecho a percibir indemnizaciones por el hecho de no poder construir más en estos terrenos.

Por el momento se ha hecho una primera inspección de estas zonas, pero ahora habrá que hacer otro peritaje de forma más seria, con presencia de las partes y «con todas las garantías legales».

Mientras tanto, se están estudiando las reclamaciones de indemnización que se han presentado con motivo de esta ley. En total Govern ha recibido una veintena de reclamaciones patrimoniales desde Eivissa.

El conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, explicó ayer que el estudio de estas reclamaciones es muy complejo, ya que hay que determinar si los propietarios tienen razón y qué derechos consolidados tienen. «La mayoría dicen que tienen un grado de consolidación muy elevado, pero hay que estudiarlo», explicó el conseller, que indicó que es evidente que los propietarios están ya impacientes por poder cobrar. «Ellos ya saben que han inflado las peticiones», remarcó Ramon.

Paralelamente, el Govern está realizando otro estudio sobre las medidas de restauración paisajística se tienen que llevar a cabo en todas estas zonas, ya que hay algunas que ya cuentan con viales construidos.

Traslado de edificabilidad

Si se determinara que los propietarios tienen derecho a indemnización, el Govern podría optar por trasladar la edificabilidad de sus terrenos a zonas cercanas a núcleos urbanos. Sin embargo, todavía no se ha comenzado a estudiar posibles terrenos, porque no se sabe cuántos tendrán derecho a indemnizaciones.

Todos estos temas se trataron recientemente en una reunión del consorcio de reconversión paisajística, del que forman parte el Govern, el Consell y Sant Josep.

Ramon destacó que todos los estudios los realiza el Govern con sus propios fondos. Los recursos, según el conseller, no sufrirán recortes por la crisis.