La APB dice que Greenpeace critica el proyecto sin tener información directa del mismo

La Autoritat Portuària de Balears (APB) reiteró ayer la acusación de «falta de rigor» a Greenpeace a la hora de elaborar su informe 'Destrucción a toda costa 2009' en el que los ecologistas critican el proyecto de ampliación del puerto, y asegura que ni siquiera llamaron a la institución para informarse.

En un comunicado emitido ayer, acompañado de una carta remitida al director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde, por parte del presidente de la APB, Francesc Triay, la APB «lamenta las últimas acusaciones vertidas» por la asociación ecologista y las rebate una por una.

La oficina balear de Puertos del Estado señala sobre todo la falsedad de la acusación de Greenpeace cuando asegura que el objetivo de la ampliación y remodelación del puerto responde a aportar beneficios a unos pocos.

La carta, remitida el 28 de septiembre, fue enviada por considerar que el informe aporta informaciones «incorrectas». En este escrito, Francesc Triay ofrece al grupo ecologista su colaboración para posteriores informes en las que la APB sea citada «con el fin de poder ofrecer a la opinión pública una visión contrastada de la situación».

«El objetivo de las obras es, con el consenso de la mayoría de administraciones y entidades sociales ibicencas, dotar al puerto de una terminal portuaria para el tráfico de mercancías y pasajeros, confortable y con suficientes garantías de seguridad», indica la nota. Asimismo, recalca que el reto es aliviar el centro histórico de la ciudad con la supresión de la actividad portuaria más pesada en la zona.

El presidente de la APB, Francesc Triay, dijo que cuentan con todos los requisitos legales para iniciar las obras y que el proyecto «carece de irregularidades y cumple todas las exigencias medioambientales». Así, confía en que Unesco revise el informe que le han remitido y «constate» que este proyecto «tiene una nula afección sobre los bienes protegidos, la posidonia y el conjunto histórico de Vila». Triay agregó que «no se busca afectar a ningún bien protegido sino dar calidad a los pasajeros» y aseguró que en su puesta en marcha «no hay intereses económicos ocultos».