El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, admitió ayer, en la primera comparecencia ante el Parlament en la historia del Ministerio Público, que intentó evitar el «escándalo mediático» de los detenidos por el 'caso Palma Arena'. El ex director general de Deportes José Luis Ballester y el ex portavoz del PP en el Ajuntament de Palma Rafael Durán, entre otros, fueron fotografiados descendiendo esposados de furgones policiales para declarar ante el juez.

«La Ley de Enjuiciamento Criminal y la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad prevén que las detenciones tienen que hacerse de la forma que menos perjudiquen a la honorabilidad de la persona que es detenida o es conducida por fuerzas del orden público. Me puse en contacto en su momento con los responsables y les dije que se tenía que tener en cuenta la honorabilidad de estos señores, porque en definitiva, les ampara la presunción de inocencia, y por tanto, era conveniente que se adoptaran las medidas necesarias para evitar escándalos mediáticos», explicó Barceló en una rueda de prensa posterior a su intervención en una comisión parlamentaria en la que, tras ser recibido por la presidenta de la Cámara, Maria Antònia Munar, presentó la Memoria de la Fiscalía de Balears.

Trato de favor

Ante la pregunta de si esas precauciones con personas de renombre social se traduce en un trato de favor, el fiscal superior lo negó. «Cuando la foto está hecha, sale. Puede perjudicar si estamos en esa misma situación. A nadie nos gustaría que nos saquen maniatados en la primera página de los periódicos. No hablamos de ilegalidad. Nunca he dicho que la detención fuera ilegal. He dicho que hay que tener en cuenta una serie de factores que respetar y observar para que la Ley se cumpla al pie de la letra», resumió.

Barceló, asimismo, explicó que ha solicitado al Govern el desarrollo de un convenio de colaboración para crear un gabinete de comunicación que canalice las noticias que genera el Ministerio Público, «y de ese modo evitar las filtraciones de causas que se encuentran bajo secreto del sumario, un hecho muy preocupante», indicó. Sobre esta cuestión, Barceló insistió en que él es el «primer interesado» en descubrir la fuente de las filtraciones de informaciones a los medios de comunicación.

Según los datos de la Memoria Judicial presentada por el fiscal superior de Balears, en 2008 se incoaron 124.063 procedimientos judiciales por delito, un 3,12% más que en 2007 (120.301). Más de la mitad de los procesos por delito se han incoado para investigar delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Bartomeu Barceló afirmó que en la Fiscalía General del Estado «no hay ningún empeño para que no se investigue el patrimonio del ex presidente del Govern Jaume Matas». «Rotundamente no», dijo el fiscal superior de Balears, que añadió: «Se valoró por parte de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado que no era necesario continuar la investigación. Por eso dictó el decreto en el que no se prorrogaban las diligencias informativas. Sobre la decisión de Conde-Pumpido de no prorrogar las diligencias sobre Matas, el fiscal apuntó que pueden producirse discrepancias en un momento determinado ya que «en derecho todo es opinable» aunque aclaró que si hay algún punto de vista distinto «no nos tiramos de los pelos y en el caso del patrimonio de Matas hay un interés por decir que ha habido broncas y líos, cuando simplemente ha habido una diferencia de criterio y un punto de vista distinto jurídico única y exclusivamente».

Respaldo

Preguntado por la relación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con los fiscales anticorrupción de las islas (Juan Carrau y Pedro Horrach), Barceló subrayó con contundencia que éstos cuentan con el respaldo del primero así del suyo propio, al tratarse de unos «magníficos y excelentes profesionales, muy dedicados y que llevan a cabo un esfuerzo sobrehumano incluso por encima de sus posibilidades». Incluso, agregó, cuentan con el apoyo «unánime» del Ministerio Fiscal.