J. J. Monerri23/09/09 0:00
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Nadie se responsabiliza de las irregularidades urbanísticas descubiertas en Can Castelló, en el municipio de Santa Eulària. Ninguno de las tres personas que ayer tuvieron que sentarse en el banquillo para responder de un presunto delito contra el territorio después de que supuestamente a principios de esta década se llevaran a cabo unas obras ilegales en al menos siete viviendas construidas en suelo rústico, sobre un torrente, reconoció ante la juez tener responsabilidad.

El administrador de la sociedad que se hizo con unos terrenos ya supuestamente edificados, K.V.M., y el contructor M.V., pese a ello, se enfrentan a a tres años de prisión y una multa que alcanza los 72.000 euros. El tercer acusado, aparejador municipal V.M.M., por su parte, se juega nueve años de inhabilitación y la misma sanción económica que los anteriores. El fiscal también pidió que se indemnizara a las personas que compraron las casas sin saber que eran ilegales y que se proceda a la demolición de estas construcciones.

Licencia

«Ahora resulta que en el Ayuntamiento todo el mundo parecía mirar para otro lado. Lo cierto es que una licencia de obra menor enmascaró el camino fraudulento de una operación inmobiliaria en toda regla», dijo el fiscal en su informe tras mantener en su integridad las penas solicitadas en su escrito de acusación.

Los tres acusados se declaron inocentes ante la juez Martina Rodríguez, titular del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, caso por el que declaró como testigo el ex alcalde Vicent Guasch. El administrador de la sociedad implicada manifestó que se encontró con las edificaciones hechas. El promotor, por su parte, declaró que compró las viviendas en 2002 sin poder luego siquiera hacer una sola obra al enterarse de la protección que pesaba sobre el paraje.

La defensa del aparejador, por último, aseguró que éste sólo se limitó a informar favorablemente sobre una obra menor advirtiendo de que no se podía ir más alla. «No era profeta y no pudo saber nada más. Para eso estaban los celadores. Resulta que nadie estuvo allí, ni siquiera un alcalde que ostentó el cargo durante 28 años», dijo el abogado de V.M.M.

El fiscal, por contra de lo que manifestaron los acusados, consideró que sí hubo un «aumento considerable» de la superficie construible y que se superó con creces el volumen de edificabilidad en unas obras, además, no autorizadas y de las que responsabilizó directamente a los supuestos promotores de la compraventa de los terrenos. Todo ello, a sabiendas de que la zona figuraba como suelo agrario ganadero y que estaba sobre una torrentera. Asimismo, señaló que toda esta «operación inmobiliaria» contó presuntamente con la participación del aparejador municipal que ayer también compareció por este caso, persona que, según la acusación, emitió los informes favorables que enmascararon las ampliaciones.