La Fiscalia Anticorrupción sostiene que todavía están sin justificar unos 52 millones de las obras del velódromo Palma Arena, asegura que se produjeron anomalías en el pago de facturas y que muchas modificaciones del proyecto original se hicieron de manera irregular, sin un expediente administrativo que lo avalase. Estas son algunas de las conclusiones más importantes de la documentación judicial del «caso Palma Arena» que, desde el miércoles, ya no está bajo secreto de sumario.
La querella de la Fiscalía sobre la cual se basan las acusaciones a los implicados señala que la construción de la estructura de la cubierta tuvo un sobrecoste sin justificar de 22,3 millones de euros. En concreto, la cimentación y estructura del velódromo fueron licitados por 9,8 millones, pero finalmente costaron 20,1 millones.
Con la cubierta del pabellón también se produjo un sobrecoste. En concreto, esta parte de la obra fue licitada por 5,9 millones, pero llegaron a pagarse 17,9 millones. A este desfase deben sumarse otros 30 millones en facturas que no se han abonado porque no van acompañadas por el certificado final de obra.
Videomarcador
Por su parte, el comercial de la empresa Smart Vision, a la que se adjudicó la instalación del videomarcador del Palma Arena, Ricardo Arroyo (hermano de la compañera sentimental del administrador de Nimbus, Miguel Romero), negó ayer ante el juez que «estuviese amañado» el concurso que se llevó a cabo la pasada legislatura para otorgar el montaje del dispositivo electrónico, cuya adjudicación supuestamente superó los 6 millones de euros, según las investigaciones.
El representante legal de Arroyo negó, a su salida de los Juzgados, que el coste de la instalación del videomarcador ascendiese a 6 millones de euros, «ni siquiera a la mitad, ni a la tercera parte».
aMiguel Romero, propietario de la agencia de publicidad Nimbus, declaró ante el juez que instruye el «caso Espada», José Castro, que había abonado a Jorge Moisés, gerente del Consorcio que promovió la construcción del Palma Arena y también imputado, comisiones que oscilaban entre el 3 y el 8 por ciento como manera de corresponderle por la adjudicación de proyectos sin respetar los procedimientos administrativos. Por su parte, el entonces gerente del Consorcio negó ante el juez este extremo y aseguró que «sólo» mantenía contactos «puntuales» con Romero y que nunca cobró comisiones.
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