Gesa recibe miles de consultas al día como consecuencia de la liberalización del mercado

Según informó el responsable comercial de Gesa, «el tema que más ha despertado la curiosidad y la inquietud de los consumidores ha sido el del bono social eléctrico, que ha provocado alrededor del 60 por ciento de las consultas», la mayoría de ellos pensionistas que habiendo recibido la notificación del Instituto de la Seguridad Social acuden a la eléctrica solicitando más información o interesados por la documentación que tienen que presentar.

El resto de las preguntas que realizan los clientes corresponden a los que tenían contratados más de 10 KW y por último las referidas a aumentos en las tarifas u ofertas.

Falsas expectativas

Juan Luis Montaña advirtió que «se han creado falsas expectativas con respecto al bono social cuando finalmente va a haber descuentos de poquísimo dinero e incluso en algún caso no habrá descuento. Esto afectará sobre todo, a la gente que ha tenido mayor consumo» y explicó que el bono, que implica una congelación del precio o de las condiciones de facturación que tenían antes del 30 de junio. «Para facturar el bono hemos de aplicar el precio de la tarifa de último recurso (la que indica el Gobierno) y además hemos de volver a facturar qué precio hubieran pagado estos clientes en las condiciones previas el 30 de junio. Si la diferencia sale a favor del cliente hemos de hacer un descuento o añadir un concepto negativo por ese importe, pero si sale superior, que en muchos casos ocurre, el descuento es cero», añadió el responsable de Gesa.

El responsable de operaciones comerciales de Gesa confesó que están esperando otra multitud de consultas en cuanto los clientes reciban la primera factura desde la liberalización del mercado eléctrico, «será una factura especial y singular porque hay dos suministradores de por medio. Uno de ellos el de último recurso que facturará del uno de julio en adelante y, además, la parte de la tarifa que correspondería ser previa al uno de julio que vendrá en otra hoja».

Montaña lamentó que esta mecánica le está suponiendo a la empresa un incremento de la labor administrativa y burocrática realmente importante, «cuando nuestro negocio es dar luz y no hacer de policías, ni de fiscales ni de recogedores de papeles como estamos haciendo últimamente. Y cuando les decimos a los clientes que falta algún papel para el bono social con quien lógicamente se enfadan es con la persona que tiene delante, que en este caso somos nosotros».

Una de las novedades que incluía la legislación a partir del uno de julio era la introducción del bono social eléctrico, que determina cuatro colectivos de clientes a los que la idea es congelarles el precio de la factura que están pagando actualmente y no incrementárselo. Estos colectivos son: pensionistas que cobren menos de una cierta cantidad, aquellas familias que tengan a todos sus miembros en paro, familias numerosas y consumidores con un suministro contratado de 3 KW. Gesa ha aplicado automáticamente el bono a este último grupo de clientes, que asciende a 60.000 contratos, pero los demás tienen que acreditar su situación en las oficinas de la eléctrica.

La Unión de Consumidores de Eivissa (UCE) está atendiendo unas 50 consultas diarias, según informó su portavoz Carlos Salinas.

«Quizás lo más llamativo en estos días de cambio es la afluencia de personas que han llamado, tanto hombres como mujeres de mediana edad que han preguntado en su mayoría qué tenían que hacer frente a esta liberalización». Y la respuesta que ha dado Salinas ha sido que esperaran a que les hicieran alguna oferta, «ahora que ya sabemos que la factura ha subido un 2% con respecto al precio que teníamos».

El portavoz de la OCE añadió que por el momento ninguna comercializadora se ha pronunciado en cuanto a tarifas u ofertas y de las que han anunciado que podrían operar en Balears, no han especificado si lo harán en Palma o en todas las islas.