La crisis dispara los casos de despido que acaban en los juzgados para asegurar el cobro

Y la situación no tiene visos de cambio. Hasta mayo de este año se han estudiado 443 expedientes cuando, en el mismo periodo de 2008, se analizaron 383, lo que significa un incremento del 15%.

Respecto a los datos del pasado ejercicio, 401 casos quedaron sin efecto al no comparecer ninguna de las partes mientras que 71 quedaron archivados. De los 573 restantes sólo el 28% (159) acabaron con acuerdo, una cifra que supone una caída muy importante de la capacidad resolutiva del tribunal en comparación con el año anterior, cuando se rondó el 40%.

La presidenta del Tamib, Isabel Guitart, estimó ayer que «a pesar del incremento, se ha conseguido mantener los niveles de eficacia y gestión» y apuntó que «el nivel de acuerdos es muy satisfactorio en los procesos colectivos y en el individual se mantiene en un nivel muy razonable en el contexto económico en que nos movemos».

A pesar de esta consideración positiva, Guitart reconoció que muchos procesos de mediación no se resuelven en el Tamib ante el temor de los trabajadores de no poder cobrar, lo que les lleva a recurrir a los tribunales ordinarios.

«Hemos constatado que, cuando entra un conflicto en el Tamib, el trabajador quiere tener asegurado el posible salario, lo cual se consigue a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y para poder hacerlo se tiene que presentar una demanda que se resuelve en los jugados. Por este motivo aumenta el número de expedientes acabados sin acuerdo», reconoció.

Falta de fondos

El tesorero del Tamib y sindicalista de Comisiones Obreras, Ginés Díez, coincidió con esta apreciación y señaló que «en esta situación de crisis hemos descubierto que en las Pitiüses se concilia menos por la falta de liquidez de las empresas puesto que se requiere de una sentencia para poder percibir el salario a través del Fogasa», una garantía de pago que no se produce con una resolución del Tamib.

Díez también destacó otro motivo para el creciente número de despidos trasladados a los juzgados. «En el caso de los despidos por causas objetivas, en muchas ocasiones no están bien argumentados, de forma que el trabajador solicita al juzgado que determine que es un despido improcedente», explicó. «No olvidemos que eso implica pasar de una indemnización de 20 días por año trabajado a 45», añadió.

Según los datos que maneja del Tamib, el perfil medio del trabajador que recurre a este servicio es el de personal no cualificado y con menos de cinco años en la empresa. Por tipo de solicitudes, el 39% se deben diferencias por los motivos del despido mientras que 37% son reclamaciones de cantidad y el 24% restante obedece a causas diversas.