El presidente de Formentera, Jaume Ferrer, y la consellera insular de Medi Ambient, Silvia Tur, se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el juez que les ha imputado por un presunto delito de coacciones fruto de una denuncia de un empresario italiano que tenía dos chiringuitos en es Migjorn, Fabio Covizzi, a quien este año se le ha impedido abrir tras las quejas de los vecinos en temporadas anteriores por el ruido y el volumen de la música a la hora del anochecer, cuando cientos de compatriotas del denunciante acudían en tropel al Blanco y al Gallo, los quioskos en cuestión.
Tras presentarse ayer a las once de la mañana ante el juez Juan Carlos Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, Ferrer y Tur explicaron que la decisión de no aceptar el interrogatorio se sustenta en que está pendiente el recurso de reforma presentado el pasado lunes ante este juzgado mediante el cual solicitan que el caso no sea dirimido por lo Penal, sino a través de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Sin coacciones
No obstante, el presidente del Consell de Formentera aseguró que no se ha producido ninguna coacción sobre el empresario y que, una vez resuelto el recurso de reforma, lo cual, señaló, desea que ocurra cuanto antes, dará «todas las explicaciones que hagan falta», ya que es partidario de la «total transparencia» y que, en cualquier caso, el Consell de Formentera acatará todo lo que dicte la Justicia.
Por su parte, Tur, que también ejerció su derecho a no declarar, se remitió a las palabras de su presidente.
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