El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa rechazó ayer, con los votos del Equipo de Gobierno, una propuesta del Partido Popular para que se redujera el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos colectivos «más sensibles a la crisis», según defendió la portavoz de la oposición, Virtudes Marí.
La oferta consistía en un recorte máximo del 55% para las familias con pocos recursos, para los parados de larga duración, los mayores de 65 años y los jóvenes en los tres años posteriores a la compra de vivienda. En el caso de discapacitados y padres de niños con discapacidad la rebaja era de entre un 55% y un 75%.
El teniente de alcalde, Santiago Pizarro, rechazó la propuesta asegurando que «lo que les interesa a los populares es qué van a decir al salir del pleno», acusándoles directamente de «buscar titulares». Pizarro rechazó también esta reducción de ingresos porque «los Ayuntamientos deben estar suficientemente dotados económicamente para hacer cosas». «Ustedes dicen que se perdonen deudas y que no pague nadie, al tiempo que exigen que paguemos rápido a los proveedores. No sé qué idea tienen ustedes de la Hacienda municipal», añadió.
En la sesión de ayer los populares también preguntaron al concejal Vicent Ferrer por la adjudicación del proyecto Playas del Siglo XXI a una ex empresa del conseller de Desenvolupament Empresarial, Joan Serra Mayans.
Los populares cuestionaron que dicha empresa «modificó su objeto social para poder acceder al contrato un día antes de que se abriera el procedimiento», defendió el concejal Antonio Prats, quien anunció dijo que «el propio Serra Mayans ha reconocido que tuvo conocimiento del proyecto semanas antes».
Ante esta situación, Prats afirmó que «se dará registro de entrada en la Fiscalía a toda la información de que disponemos para ver si quiere investigar» por si hubiera información privilegiada.
Por su parte, Ferrer defendió que el proyecto se había comentado con Fomento del Turismo, la Federación Hotelera y otras empresas del sector, por lo que era de conocimiento público. Igualmente dijo que la empresa «está en su derecho» de cambiar su objeto social y que se convocó sólo a cuatro empresas, sin dar publicidad al contrato (de unos 35.000 euros), «porque la ley lo permite».
El pleno de ayer aprobó por unanimidad la cesión de un solar en la zona de Can Cantó para que el Consell pueda construir una nueva escoleta que gestionará el Ayuntamiento. El nuevo centro estará ubicada junto a la actual escuela de Can Cantó y contará con 55 plazas: 7 para bebés de hasta 12 meses, una docena de plazas para niños de entre uno y dos años, y dos aulas con 18 plazas para cada una para párvulos de entre dos y tres años.
El Govern aportará una subvención equivalente a 44 de las 55 plazas y, dado que el Consell ya tiene prácticamente redactado el proyecto, el Ayuntamiento espera que las obras se inicien después del verano.
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