Condenan al antiguo semanario 'Proa' por difamar a cinco concejales de Vila

El Ayuntamiento de Eivissa mostró ayer su satisfacción ante la resolución emitida por el Tribunal Supremo por la que condena a los responsables del desaparecido semanario 'Proa' a abonar 16.000 euros a cinco concejales y ex ediles del Consistorio por una demanda interpuesta por difamación hace nueve años a este medio. El montante fue abonado esta misma semana por la sociedad, según apuntaron desde el Consistorio.

Los políticos resarcidos son el ex alcalde de Eivissa y hoy presidente ahora del Consell Insular, Xico Tarrés, lo ex ediles Toni Roldán y Pedro Campillo, la alcaldesa de Vila, cuando ésta ejercía como concejala, Lurdes Costa, y el primer teniente de alcalde, Santiago Pizarro. Todos ellos han recibido diferentes cantidades «en función del grado de difamación que sufrieron por la información que publicó 'Proa' en su día», concretaron desde el ejecutivo.

Los hechos se remontan a febrero de 2000, cuando estos cinco políticos del Pacte Progressista realizaron un viaje privado de fin de semana. 'Proa' publicó un artículo dónde se aseguraba que este viaje había sido pagado por una empresa concesionaria del Ayuntamiento, hecho que desde el Ayuntamiento tildaron de «totalmente falso», por lo que los afectados presentaron una demanda judicial.

En primera instancia, la autora del artículo y el editor del medio fueron condenados a pagar indemnizaciones que sumaban los 13.800 euros. No obstante, los condenados presentaron varios recursos contra la resolución judicial.

Nueve años después y una vez confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo, esta misma semana los responsables del medio condenado hicieron efectivo el pago de la indemnización, «añadiendo los intereses que se han generado desde la fecha de la primera sentencia, y que suman un montante total de más de 16.000 euros», concretaron a Europa Press fuentes del Consistorio.

El equipo de gobierno destacó la importancia de estos hechos «ya que pese al largo proceso judicial, finalmente se ha demostrado que los concejales fueron víctimas de una grave difamación, perpetrada con el objetivo de malograr su imagen y debilitarlos políticamente», concluyeron.